La Procuraduría General de la Nación anunció que suspendió provisionalmente y que abrió investigaciones disciplinarias contra Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín; Andrés Fabián Hurtado, alcalde de Ibagué, Tolima; Gustavo Herrera, concejal del municipio de Calarcá, Quindío y Grenfell Lozano, personero de Nátaga, Huila, quienes presuntamente estarían relacionados con actividades políticas.
La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, enfatizó que el ente que dirige tiene la competencia constitucional para investigar, suspender provisionalmente y sancionar, hasta con destitución e inhabilidad, a todos los servidores públicos del país, y que “ningún servidor público puede utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos, y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley”.
Además de lo anterior, la alta funcionaria que “como procuradora general de la nación, debo propender siempre por generar equilibrio y evitar ser parte de las controversias, y así lo esto haciendo. Como expresé el día de mi posesión: ‘no se equivoquen conmigo’. La Procuraduría seguirá vigilante y actuando con rigurosidad y contundencia para garantizar unas elecciones democráticas y transparentes para toda la ciudadanía”.
De inmediato, las reacciones rompieron en el panorama político a sólo 18 días para que se cumplan los comicios para elegir al presidente de la república, porque el candidato Gustavo Petro Orrego, a quien supuestamente Quintero estaría apoyando, dijo acerca de la decisión de la Procuraduría diciendo que la misma constituye un “Golpe de Estado en Medellín. Le pido a toda la ciudadanía y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos defender el voto popular. La Procuraduría no puede evadir el mandato popular”. De igual manera, recordó al caso que vivió cuando era alcalde de Bogotá y fue suspendido de su cargo por el exprocurador Alejandro Ordoñez. “Ya un procurador fascista me suspendió siendo alcalde y la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue tajante: un órgano administrativo no puede suspender los efectos del voto ciudadano. La procuradora, buscando ayudar al candidato presidencial de Duque, ha roto la Convención Americana”, comentó.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también afirmó de un “golpe de Estado” y sostuvo que esta decisión le hace mucho daño al país. “La democracia está en riesgo. Quieren sacarnos del cargo para intervenir en las presidenciales”, y aseguró que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez está detrás de esta decisión. “Uribe y Cabello acordaron sacarme del cargo. No pasarán”.
En redes sociales la polémica es fuerte porque muchos aseguran que la Procuraduría solo investiga a funcionarios que no son aliados al Gobierno. Por ello, le piden a la procuradora que investigue al presidente Iván Duque, debido a que él se habría referido en diferentes ocasiones a propuestas de los candidatos de derecha.
Edición: Gustavo Enrique Bossio Jiménez