Como una propuesta viable, posible de desarrollar, que no es producto de la improvisación, fue calificada por organizaciones de derechos humanos en el departamento del Atlántico, la iniciativa de ofrecer trabajo a personas privadas de la libertad, quienes laborarían en horas de la mañana y, por la tarde volverían al centro carcelario donde se encuentran pagando condena.
Carlos Medina, abogado penalista, defensor de derechos humanos, dijo que “los comentarios de rechazo a esta iniciativa han sido efectuados por la falta de conocimiento a la norma por parte de algunas personas, sobre todo, residentes en la capital de la República”.
“Esto no es producto de la improvisación, pues, ya la normativa existe, como es, el Convenio Internacional firmado con la Organización Internacional del Trabajo, OIT y Código Penal, también lo permite, en su artículo 72”, puntualizó.
“El desconocimiento de algunas personas los lleva a efectuar comentarios y críticas en el sentido que “habrá fuga masiva en el país, lo cual no es cierto, porque es un beneficio que no se le puede otorgar a cualquier recluso, pues, debe cumplir alguna serie de requisitos”
“Una persona que esté privada de la libertad por delitos como: terrorismo, feminicidio y abuso de menores, no pueden hacer parte de esta iniciativa gubernamental”, aclaró el penalista.
En torno a los responsables de la vigilancia de los beneficiados, el cual, inicialmente, estará a cargo de los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y en caso que el personal sea insuficiente, corresponderá a la Policía Nacional, el desarrollo de tal misión.
Escrito, audio y foto: Vera Judith Diazgranados Armenta
Montaje: Medios Coopercom