El veedor ciudadano Alejandro Santander, dijo que la medida adoptada por el presidente de Gustavo Petro, de asumir directamente las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, “es la respuesta a un clamor un clamor que desde hace 25 años que han venido haciendo los usuarios de los servicios públicos no solamente de la región Caribe sino de todo el país”.
Explica el líder social que el artículo 370 de la Constitución de Colombia señala que el presidente de la república ejercerá las labores de control, inspección y vigilancia, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, después de muchas, negligencias, dolos y más de 750 personas muertas, miles de inmuebles destruido y el robo de billones de pesos.
Los presidentes de gobiernos anteriores no les importó el desastre que tenían estas las empresas de servicios públicos, solo velaban por beneficiar los intereses económicos de los grandes conglomerados como Unión Fenosa y EPM, y se pervirtió la finalidad social que consagra el artículo 365 de la Constitución de Colombia.
Por eso, es claro que, “si la Superservicios no cumple con la función de control, inspección y vigilancia, el presidente Petro puede asumir ese rol para poner orden y control, para que la Superintendencia de Servicios Públicos cumpla con la labor de defender a los usuarios, porque desde hace mucho tiempo, le dicen mentiras a los clientes, alegando que son organismos de segunda instancia, lo que indica que ellos actúan cuando a los usuarios le son vulnerados sus derechos y cuando en algunos casos las personas reclaman”, indica Santander.
La labor de los superservicios debe ser preventiva y no esperar que las empresas atropellen e institucionalicen, a través, de sus condiciones uniformes de contrato, un marco constitucional jurídico propio, para seguir pervirtiendo la finalidad social y seguir convirtiéndola en una herramienta para generar un incremento patrimonial ilícito, advierte el ciudadano.
En referencia a las actuaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, señala que “las sentencias de la Cortes, advierten que no están reglamentando, regulando si no que están legislando, como el caso presentado de las multas, donde la CREG expidió la sentencia 108 de 1997, en la que facultaba a las empresas de servicios de imponer multas, donde la Corte en una sentencia donde les advierte a las empresas que no tienen facultades para imponer multas”.
Escrito y audio por Jorge Martínez Movilla.