En un extenso comunicado expedido en la mañana de hoy por el expresidente Cesar Gaviria Trujillo, ante la intervención del Gobierno nacional a través de la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas.
En la que manifiesta que la decisión tomada por el gobierno la calificó de arbitraria y contraria a la decisión sobre el régimen de salud tomada por la Corte Constitucional en relación con nuestro sistema de salud en su Auto 2882 del 20 de noviembre de 2023. Lo que ha hecho el señor presidente Petro para intervenir la Empresa Colsanitas se sale por completo de lo que es nuestro Estado de derecho.
El gobierno avanza con los argumentos que sostenía en su proyecto de cambios a nuestro régimen de salud, los cuales fueron rechazados por la Corte Constitucional cuando afirmaba que las EPS eran empresas públicas y no podían tener ánimo de lucro. Estos mismos argumentos fueron utilizados de manera artificial por el contralor encargado, lo que le permitió al presidente Petro afirmar que dichas declaraciones le daban la razón sobre la obligación de cumplir con los indicativos financieros que las EPS debían respetar, lo cual también violaba de manera flagrante el fallo de la Corte Constitucional.
El gobierno no ha tomado ninguna medida para cumplir con los pagos a las EPS, como dictaminó la sentencia de la Corte Constitucional. Esta falta de acción lo aleja aún más del cumplimiento de la sentencia que lo obligaba a saldar sus deudas con el fin de cumplir con las disposiciones judiciales. Es importante destacar que esta era una obligación ineludible y que el plazo de 45 días ya ha expirado.
Con esta decisión, el gobierno está llevando al país hacia un conflicto legal que perderá en cualquiera de nuestras Cortes o en los tribunales internacionales encargados de proteger la inversión. Deberá asumir las consecuencias económicas desastrosas derivadas de la adopción de decisiones inconstitucionales.
El gobierno no está preparado para atender a los 50 millones de pacientes de nuestro sistema de salud. Reitero lo que he dicho anteriormente: habrá una verdadera catástrofe social, con miles de muertes como consecuencia del camino inconstitucional que ha elegido. Decir que está preparado para atender la situación con las escasas medidas que ha implementado es una afirmación ilusoria. Las medidas necesarias para asumir el papel que le corresponde no han sido adoptadas. Si la Corte Constitucional hubiera fallado a favor de las tesis ideológicas del gobierno, que ya no son más que eso, estaría violando su propio fallo constitucional.
Son millones de colombianos los que pierden su acceso al derecho a la salud con estas decisiones, y el gobierno fracasará rotundamente en intentar suplir lo que las EPS han hecho como parte del sistema. Ya estamos experimentando una clara escasez de medicamentos porque el gobierno prometió producirlos en Colombia y no ha tomado ninguna medida al respecto.
Con su actuar, el gobierno se aleja cada vez más de cumplir con su deber de preservar el acceso al derecho a la salud al tomar decisiones como las recientemente adoptadas. Habrá un momento, muy pronto, en el cual cientos de miles de colombianos marcharán por las calles del país debido a la forma en que el Estado los está privando del acceso a un derecho fundamental como es la salud. Es importante tener en cuenta que hasta la fecha, el gobierno no ha emitido el certificado de disponibilidad presupuestal necesario para la aprobación del proyecto en la Cámara de Representantes. Hubo un momento en el cual estábamos cerca de resolver los principales problemas del sistema, pero una ministra radicalizó la posición del gobierno y nunca pudimos retomar la discusión en estos últimos 10 meses.
En algún momento, el gobierno deberá presentar un proyecto de ley estatutaria para regular el derecho a la salud, algo a lo que se ha negado a pesar de que es evidente que para regular un derecho constitucional se requiere una ley estatutaria. Ni siquiera se conoce el costo estimado de la reforma propuesta por el gobierno. Esta falta de transparencia podría haber sido una razón para que el gobierno enviara al Congreso solo una proyección de los ingresos nacionales y no otorgara el certificado de disponibilidad presupuestal.
La estrategia del gobierno de intentar establecer obstáculos en los senadores de la Comisión Séptima que han anunciado que votarán para archivar el proyecto gubernamental es ineficaz. Al gobierno solo le serviría conseguir 4 senadores adicionales que se sumen a los 4 que actualmente respaldan su posición. Sin embargo, esto se ha vuelto imposible, ya que, como ha mencionado uno de los ministros, es necesario considerar a los miembros de la Comisión Séptima de la Cámara que el año pasado apoyaron el proyecto original del gobierno.