La Contraloría General de la República advirtió en las últimas horas, sobre los riesgos económicos y ambientales que dejaría la terminación anticipada del contrato de concesión para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique.
La advertencia, la dejó en claro el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente y sobre los impactos que tendrían, en la ejecución del megaproyecto de Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique.
Además, los nuevos escenarios de exigencia de Licencia Ambiental por parte de la ANLA, de introducción de un protocolo de la Justicia Especial de Paz (JEP) para la recuperación de posibles víctimas en el Canal del Dique y de realización de consultas previas adicionales con nuevas comunidades, producto del proceso de licenciamiento ambiental y de solicitudes de la Dirección de Autoridad Nacional y Consulta Previa.
Aunque se trata de riesgos que fueron alertados oportunamente por la Contraloría y que hoy están próximos a materializarse, ello no implica que no puedan ser adecuadamente gestionados y resueltos y, mucho menos, que puedan convertirse en un presunto soporte para decidir una eventual terminación anticipada de este contrato de concesión”, manifestó Rodríguez.
Adicionalmente, el funcionario público explicó que se tuviera que realizar ese eventual pago al concesionario, sin haber recibido a cambio ni una sola restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique y de la Bahía de Cartagena.
“Terminar de forma anticipada y por mutuo acuerdo este contrato de concesión, implicaría cancelar el indispensable objetivo de restaurar los ecosistemas degradados del Canal del Dique y de la Bahía de Cartagena, ciudad que es un referente turístico del país y que además ha sido declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Pero también sería privar a las comunidades vecinas al proyecto de los Departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre (aproximadamente 1,5 millones de personas), de los grandes beneficios económicos que reporta una cuantiosa inversión de aproximadamente $3,26 billones en estos territorios”, manifestó.
Así mismo, desde el punto de vista regional de los Departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre y de la ciudad de Cartagena, terminar de forma anticipada y por mutuo acuerdo este contrato de concesión, significaría dejar a las personas que habitan en estos territorios, con los graves problemas ambientales que hoy afrontan (bajo nivel de navegabilidad, inundaciones en épocas de invierno, desabastecimiento de agua en épocas de sequía, excesiva sedimentación, etc.) y sin el indiscutible beneficio económico que les generará una inversión cercana a los $3,26 billones.
De igual forma, el contralor, expresó que implicaría hacer caso omiso de que se trata de un proyecto declarado de importancia estratégica para la Nación.
Escrito por: Mateo Rueda Gómez
Fuente: Contraloría General de la Nación
Foto: Gobernación de Bolívar