A su turno, la ministra de Transporte, María Constanza García se pronunció en la sesión descentralizada de la Comisión Cuarta del Senado en la Asamblea del Atlántico.
La alta funcionaria dejó en claro que, el cobro de la valorización no es un impuesto, sino una contribución en la que se beneficiarán las personas que se movilicen en este corredor vial.
“Para sacar adelante los proyectos hay que hacer uso de los mecanismos, recursos de la Nación, como las contraprestaciones de las tarifas de los peajes, vigencias futuras, recursos locales, regalías, obras por impuestos y hoy está sobre la mesa la posibilidad de recaudar vía valorización, que no es un impuesto, es una contribución para poder seguir avanzando en el desarrollo”, manifestó.
Según García, este gravamen sería para quienes en realidad se beneficien de las inversiones del Estado, sin tener en cuenta a los estratos 1, 2 y 3.
“Este recaudo permite seguir desarrollando obras de infraestructura, lo que podamos recaudar vía valorización, porque insisto, se comprueba que hay un plus y un valor en el predio. Acá no estamos cobrando por el uso de la infraestructura, estamos cobrando porque las inversiones del Estado generan valor en ese suelo, genera valorización de esos predios. Lo que busca este mecanismo es poder captar parte de ese beneficio, siempre y cuando, se compruebe el beneficio, pero además se compruebe que hay capacidad de pago”, señaló.
La jefe de cartera, subrayó las obras de el Puente de la Hermandad y la deconstrucción del puente Pumarejo con el objetivo de analizar proyectos estratégicos, que se podrían ejecutar con los recursos captados de la valorización.
“Hemos identificado alrededor del área de influencia cerca de 248 mil predios que son sujetos de valorización. Sin embargo, producto de los análisis, en la capacidad de pago y en el beneficio, hemos encontrado un poco más de 100 mil predios van a ser exentos de pago. Predios de estrato 1 y 2; unidades agrícolas, familiares, el Sisben A y B, son más de 100 mil predios que no van a ser objeto del cobro. El beneficio que se pretende captar, sostuvo, es del orden de $2.3 billones, sin embargo, cuando declaró estos 100 mil predios exentos, quedó con un recaudo cercano a los $1.2 billones. Este recaudo nos va a permitir, en un ejercicio de priorización, de identificación de obras estratégicas, seguirle aportando al desarrollo de la región caribeña”, aseveró la ministra.
Escrito, foto y video: Mateo Rueda Gómez