En las últimas semanas, la ola de criminalidad que ha estado golpeando al cuerpo docente de la ciudad de Barranquilla se resume en la gran cantidad de extorsiones e intimidaciones que reciben los licenciados por parte de integrantes de estructuras delincuenciales.
Todo esto, a raíz de una serie de peticiones que han ejecutado estos antisociales para extraer dinero a los maestros de distintas instituciones académicas en las localidades suroccidentales y surorientales de la ciudad.
En este sentido, el aumento de estos casos ha llevado a la Secretaría de Educación a realizar traslados de los profesores de estas colegiaturas hacia otras jurisdicciones del país, pues las amenazas se hacen cada vez más constantes y delicadas.
Por esta razón, Noticias Coopercom conversó de manera exclusiva con el presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla (ADEBA), José Ignacio Jiménez. Quien nos expresó sus sensaciones sobre esta situación que sigue atemorizando a los docentes y ha llegado al punto de llevarlos a elegir no salir de sus hogares por preocupación a represalias ante el no pago de las extorsiones.
“Esta situación no es tan nueva, pues desde hace años maestros que no poseen un vehículo propio y que deben recurrir al transporte público sufren el flagelo de encontrarse con estos antisociales que los abordan en el tramo de las tres o cuatro cuadras que deben caminar hasta llegar a los colegios y les exigen $1000 y $2000 pesos diarios para permitirles ingresar a realizar sus labores”, afirmó el Dr. Jiménez sobre la situación que ya se ha hecho frecuente y el modus operandi por el que optan los criminales para extraer dinero a los maestros.
A su vez, el alto mando académico indicó que “los profesores ya han optado por pagar las vacunas”, haciendo referencia a la visible consternación que padecen los afectados por estas prácticas y a la que, según el funcionario, traerían consecuencias violentas si estos llegasen a negarse a la realización de estos pagos.
Por otra parte, las autoridades, en conjunto con la Secretaria de Educación, Paola Amar, han puesto en marcha diversas estrategias que permitan garantizar la protección e integridad del gremio y que eviten que situaciones como las ocurridas en la Institución San Antonio de Padua en Soledad, donde la rectora y dos estudiantes del colegio resultaron heridos a causa de estas actividades ilícitas, se vuelvan a repetir.
Así pues, el presidente Jiménez resaltó que no solo los profesores resultan afectados por esta situación, sino que los estudiantes sufren retrasos en su formación académica debido a la ausencia que les toca asumir a los maestros y que, por la urgencia de su salida de las instituciones, interrumpe las actividades de los niños y jóvenes de la ciudad que ven atrofiada su educación.
Finalmente, el alto funcionario pidió a las autoridades que garanticen la seguridad en los colegios del distrito y que estas problemáticas se mitiguen en la búsqueda de generar tranquilidad en los docentes y permitan que las instituciones vuelvan a ser territorios de paz.