Un nuevo golpe para el Caribe colombiano estaría gestando el Instituto Nacional de Vías (Invías), luego de presentar una tutela ante el Consejo de Estado con el objetivo de suspender la medida cautelar proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico y así reactivar el proceso de cobro de valorización, que afectaría a más de 280 mil predios en 10 municipios de los departamentos de Atlántico y Bolívar.
Cabe recordar que, días atrás, el Tribunal Administrativo del Atlántico concedió una medida cautelar que suspendía el cobro de valorización a los predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.
En el documento radicado ante el Consejo de Estado, Invías sostiene que no se violó el debido proceso, argumentando que la socialización del proyecto se llevó a cabo conforme al Decreto 1255 de 2022.
En ese sentido, la entidad alega que la decisión del Tribunal se basó en una interpretación errónea de la ley, al imponer requisitos que no están contemplados en la normativa vigente.
Desde Invías también se advirtió que la medida cautelar podría generar un “perjuicio irremediable”, ya que afectaría la fuerza ejecutoria de la resolución que aplica la contribución de valorización, la cual vence en mayo de 2026. Además, advierten que se generarían sobrecostos por más de 1.666 millones de pesos al tener que repetir el proceso.
Finalmente, el Instituto informó que interpuso recursos de reposición y apelación, pero acudió a la acción de tutela como un “mecanismo transitorio ante la ineficacia práctica de esos recursos”.
www.noticiascoopercom.co conversó con el senador Carlos Meisel, quien ha seguido de cerca esta situación y publicó en sus redes sociales el documento entregado por el ente nacional.
“Esto es otro intento bastante rápido del Gobierno, que ojalá, así como le interesa golpear al Caribe, también se preocupe por solucionar los problemas que afectan a la ciudadanía. Pretenden suspender las medidas cautelares, y esta es una nueva batalla jurídica, a la que ya nos hemos acostumbrado, en defensa de los ciudadanos”, expresó el congresista.
El parlamentario también señaló que, junto a su equipo, estudian la posibilidad de responder jurídicamente a esta nueva acción:
“Nuestra acción popular recoge toda la argumentación que demuestra la violación colectiva de derechos que intentamos proteger. Hay unos términos procesales que deben cumplirse para que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la tutela, y luego podremos avanzar con estudios más profundos sobre el caso”, concluyó Meisel.
Escrito, foto-edición y audio: Mateo Rueda Gómez