La Defensoría del Pueblo, sede Regional Atlántico, se desplazó en la mañana de este lunes hasta las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Barranquilla con el objetivo de verificar las condiciones de funcionamiento del lugar, tras reiteradas denuncias ciudadanas sobre el mal estado de los cuerpos entregados por la institución.
Sin embargo, según información conocida por este medio, el ingreso del personal defensorial fue impedido por la directora de la sede, Marjorie Yaneth Cervantes Herrera, quien argumentó que para realizar una inspección formal se requiere autorización desde la sede central en Bogotá.
Ante esta negativa, la Defensoría envió la solicitud correspondiente y se encuentra a la espera de una respuesta que podría llegar en el transcurso de la tarde de hoy o durante el martes.
Este nuevo capítulo se suma a una crisis sanitaria y humanitaria que ha venido agudizándose desde hace más de siete meses en la sede de Medicina Legal de la capital del Atlántico, donde permanece inoperativa la cámara de refrigeración destinada al almacenamiento de cadáveres.
Debido a esta falla, numerosos cuerpos son entregados en avanzado estado de descomposición, imposibilitando su velación en funerarias o residencias, como lo han denunciado varias familias afectadas. “No pudimos despedirnos como queríamos. El cuerpo de mi familiar ya no era reconocible”, narró uno de los denunciantes.
La situación, además de profundizar el dolor de quienes pierden a un ser querido, expone una grave omisión institucional frente al trato digno de los fallecidos y el respeto al duelo de sus familias.
La ciudadanía y organismos de control esperan que la intervención de la Defensoría del Pueblo no sea bloqueada nuevamente y permita esclarecer las condiciones en que opera actualmente esta sede de Medicina Legal. La solución no puede seguir esperando mientras el dolor de muchas familias se multiplica en silencio.
Redacción: judiciales
