La Defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció este sábado frente a los señalamientos públicos contra la jueza Sandra Heredia, quien ayer viernes en horas de la tarde condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
En su declaración, Marín advirtió sobre los riesgos que implica deslegitimar el actuar de los jueces en un Estado de derecho. “Estigmatizar a quien cumple con su deber constitucional de impartir justicia socava la independencia judicial. Las decisiones judiciales se pueden debatir, pero por la vía del Estado de derecho”, afirmó la alta funcionaria.
La Defensora también fue enfática al señalar que no es admisible cuestionar sin pruebas la imparcialidad de los jueces ni generar discursos que puedan derivar en agresiones. “No es admisible atacar o deslegitimar a quien profiere las decisiones ni insinuar su parcialidad sin fundamento”, indicó.
Además, recordó que este tipo de señalamientos han tenido consecuencias graves en el pasado. “Los señalamientos en contra de jueces pueden llevar a ataques violentos en contra de los servidores judiciales, como ha ocurrido en el pasado”, advirtió.
En ese contexto, hizo un llamado a la sensatez y al respeto institucional. “Invito a todas las partes procesales, a los líderes políticos y a la opinión pública a confiar en la justicia, a respetar y no estigmatizar a una jueza, y a respetar las decisiones de la justicia”, concluyó Marín.
Uribe cumplirá su condena en finca de Rionegro
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, de 73 años, cumplirá su condena en una de sus propiedades rurales ubicadas en la exclusiva zona de Llanogrande, en el municipio de Rionegro (Antioquia), a pocos kilómetros del Aeropuerto Internacional José María Córdova, que sirve a Medellín.
La finca, que ha sido una de sus residencias habituales desde que dejó la presidencia en 2010, cuenta con lago artificial, caballerizas con ejemplares de paso fino, y zonas recreativas. Allí reside habitualmente con su esposa Lina Moreno, aunque también pasa temporadas en su hacienda El Ubérrimo, en las afueras de Montería.
Aun dentro de sus propiedades, el exmandatario dispone de tres anillos de seguridad que incluyen personal de la Unidad Nacional de Protección y escoltas privados.
La jueza Heredia también impuso a Uribe una multa de más de 3.400 millones de pesos (unos 822.000 dólares) y lo inhabilitó por más de ocho años para ejercer funciones públicas.
Su defensa apelará el fallo
La defensa de Uribe ya anunció que apelará la decisión. La audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá fue fijada para el próximo 13 de agosto, fecha en la que sus abogados intentarán controvertir la sentencia alegando presuntas irregularidades procesales y cuestionando la valoración de las pruebas.
El caso representa un hecho sin precedentes en la historia política del país, al tratarse de la primera condena penal contra un expresidente de Colombia, con profundas repercusiones jurídicas, institucionales y mediáticas.
Redacción: Alejandro Sandoval