La Fiscalía General de la Nación destapó un escándalo de corrupción que salpica a funcionarios y particulares en Barranquilla. Se trata del juez de pequeñas causas, Rafael Eduardo Castillo González, quien, junto con su exsecretario de despacho, Dair Enrique Cuadro Crespo, el abogado Breiner Leonardo Gómez Cuadro y dos particulares, Domingo Alberto Altamar Calle y Leonardo Rafael Fuentes González, habrían participado en un entramado ilegal para apropiarse de millonarias sumas de dinero a través del cobro irregular de más de 2.500 títulos judiciales.
De acuerdo con la investigación, estas personas se habrían organizado para ejecutar maniobras fraudulentas que les permitieran retirar dineros depositados en el juzgado de Castillo González. Los montos estaban asociados a procesos judiciales y otros trámites que, bajo su custodia, debían permanecer garantizados.
Entre 2016 y 2022, el juez y su entonces secretario habrían autorizado el desembolso de aproximadamente 2.000 millones de pesos en beneficio del abogado Gómez Cuadro y de los particulares mencionados, a pesar de que ninguno cumplía los requisitos legales ni tenía vínculo con los procesos a los que estaban ligados dichos títulos judiciales.
La Fiscalía detalló que el descubrimiento se produjo tras un análisis técnico a las huellas digitales estampadas en la documentación de los cobros, así como otras actividades de verificación que dejaron en evidencia las irregularidades.
Ante este panorama, un fiscal de la Seccional Atlántico imputó a los señalados los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, cargos que no fueron aceptados por los implicados.
Como medida preventiva, Cuadro Crespo, Gómez Cuadro y Altamar Calle recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. En el caso del juez Castillo González, se le impuso la privación de la libertad en su lugar de residencia. Finalmente, Fuentes González continuará vinculado al proceso mientras avanzan las investigaciones.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones por la corrupción en la justicia local, en donde quienes deberían garantizar la legalidad terminan señalados de utilizar sus cargos para el beneficio propio.
Redacción: judiciales