La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió investigación formal contra la Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, quien el pasado 11 de abril otorgó la libertad condicional a Emilio Tapia, condenado a 6 años y 4 meses de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía por su responsabilidad en el escándalo de Centros Poblados. Con esta decisión, el contratista logró salir de la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, donde permanecía recluido.
La Procuraduría General de la Nación había apelado la medida, al considerar que no se cumplieron los requisitos exigidos por la ley para conceder el beneficio. En su recurso, el organismo citó disposiciones como el artículo 64 del Código Penal, el artículo 150 del Código Penitenciario y Carcelario, el artículo 267 de la Constitución y el artículo 36 de la Ley 190 de 1995, que obliga a las entidades públicas afectadas por delitos contra la administración a constituirse en parte civil dentro de los procesos.
Tras esa apelación, en mayo de este año se ordenó una indagación preliminar y, con base en la información recopilada, el pasado 17 de septiembre se resolvió abrir una investigación formal. La Comisión explicó que se busca esclarecer tanto las circunstancias que rodearon la concesión de la libertad condicional como una posible demora en la resolución del recurso presentado por el Ministerio Público.
En su pronunciamiento, la entidad recordó que Emilio Tapia fue señalado como el “cerebro” de la maniobra que permitió que la Unión Temporal Centros Poblados presentara falsas garantías bancarias para obtener un anticipo de 70 mil millones de pesos. Ese dinero, que hacía parte de un contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para conectar con internet a poblaciones rurales y vulnerables del país, terminó extraviado, dejando en evidencia uno de los episodios más cuestionados de la contratación pública en Colombia.
Hoy, mientras Tapia permanece en libertad, la juez que tomó la decisión enfrenta un proceso disciplinario que busca establecer si incurrió en irregularidades al concederle el beneficio.
Redacción: judiciales