El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) continúa estudiando las líneas divisorias en el Corredor Universitario con el fin de poner fin al litigio jurídico que enfrenta a la ciudad de Barranquilla y al municipio de Puerto Colombia.
Hace algunos días, funcionarios del IGAC recorrieron la zona en disputa para identificar las líneas divisorias que plantean ambas partes y redactar un informe oficial que será presentado al Congreso de la República. Con la propuesta de límites de Puerto Colombia, no solo quedaría bajo su control el Corredor Universitario, sino que Barranquilla perdería como extensión territorial sectores como el Ecoparque Mallorquín, las playas de Puerto Mocho y parte del área donde se ubica Tecnoglass.
De manera paralela, desde la ciudadanía se ha solicitado la realización de una consulta popular para que la comunidad decida directamente sobre el tema.
Alberto Mario Forero, empresario y residente del Corredor Universitario, manifestó a www.noticiascoopercom.co que la decisión sobre las ordenanzas de 1999 y 2009 debió haberse consultado con la comunidad.
“La sentencia de los tribunales y del Consejo de Estado, cuando anularon las ordenanzas de 1999 y 2009, tuvo como una de sus causales precisamente la falta de consulta a los ciudadanos que residen en el Corredor Universitario. A los habitantes no se les puede excluir de ese proceso, porque tienen derechos que no se pueden vulnerar. Hasta el momento no se ha abierto un espacio ciudadano para consultarles a qué jurisdicción desean pertenecer”, afirmó.
Asimismo, recalcó:“Siempre he insistido en que, independientemente de cuál sea la línea que divida al Distrito de Barranquilla y a Puerto Colombia, se debe preguntar a los ciudadanos a qué territorio quieren pertenecer”.
Por último, se prevé que el IGAC tenga en cuenta la información recopilada en los recorridos por el Corredor Universitario, los relatos históricos, la base de datos cartográfica del territorio y las propuestas de las entidades territoriales. Cabe resaltar que en este proceso están en disputa más de 1.400 hectáreas, donde se ubican colegios, universidades, locales comerciales, clubes sociales y villas campestres.
Escrito y audio: Mateo Rueda Gómez
Foto: Gobernación del Atlántico