La tregua pactada entre los jefes de las bandas criminales Los Pepes y Los Costeños se ha convertido en un tema que acapara la atención en Barranquilla. Más allá de un simple cese de hostilidades, lo que está en juego es el futuro de cientos de jóvenes que han hecho de la extorsión y el microtráfico su única forma de vida, y la capacidad del Estado para ofrecer una salida distinta.
El profesor e investigador barranquillero Alejandro Blanco analizó este anuncio como un indicio de esperanza para el departamento del Atlántico; sin embargo, el proceso, dice, no es sencillo. “Algunos de sus integrantes no saben ganarse la vida de otra manera. La criminalidad es el terreno al que están habituados. Ahí es donde el componente social es clave, porque si el Estado colombiano logra abrir oportunidades en capacitación y empleo, habrá un camino para la reinserción. Si no, las rentas ilegales seguirán alimentando el conflicto”, explicó.
Blanco recalcó que la extorsión es solo una cara de la moneda. “El microtráfico también sostiene estas economías criminales y explica la violencia territorial. Mientras haya barrios dominados por esas rentas, la tregua será un alivio pasajero y no una solución definitiva”, advirtió.
¿Qué ganan los cabecillas con esta tregua?
La firma del documento entre los cabecillas privados de la libertad, como Alias Castor y Digno Palomino, levantó otro interrogante.
En este sentido, el profesor Blanco dio pistas sobre las motivaciones de los líderes criminales. “Este es un paso hacia el sometimiento a la justicia. Pueden obtener un tratamiento flexible, siempre y cuando reparen a las víctimas y cesen sus delitos. Toda negociación tiene un componente de gana-gana”, sostuvo.
Sin embargo, el investigador reconoció que no todo es tan lineal. “Existen disposiciones legales que permiten que ciertas estructuras retengan parte de las rentas recolectadas. Es un escenario complejo, que plantea dilemas éticos y jurídicos, pero que hace parte de la discusión sobre cómo llevar a estos grupos a la legalidad”, agregó.
Una victoria temprana, pero no el final
Camilo Pineda Serje, delegado de la Consejería Comisionada de Paz, destacó que extender la tregua hasta enero fue una victoria temprana para el proceso. “Esto nos da tiempo para crear protocolos de verificación, fortalecer la relación con autoridades locales y, lo más importante, armar una oferta social que atienda las necesidades de los más vulnerables”, explicó.
Pineda fue enfático en que la paz no puede construirse desde Bogotá ni de espaldas a las comunidades. El reto inmediato, dijo, es preparar el terreno para que la desarticulación de estas estructuras sea real y sostenible, y que no lleguen otros grupos a ocupar el espacio que dejen Pepes y Costeños.
Mientras tanto, Barranquilla sigue en vilo. La tregua ha bajado la presión en algunos barrios, pero el miedo aún late en comerciantes y familias que durante años han vivido bajo la sombra de las extorsiones, llamadas intimidatorias y panfletos amenazantes.
Los expertos coinciden en que lo que se juega ahora no es solo la reducción temporal de la violencia, sino la posibilidad de transformar un modelo criminal que se alimenta de la falta de oportunidades y de la fragilidad institucional en los barrios más golpeados por la pobreza.
La tregua es un respiro, sí, pero también un desafío enorme. El verdadero pulso apenas comienza. El de una ciudad que quiere liberarse de las cadenas de la ilegalidad y un Estado que debe demostrar si puede convertir este paréntesis en un camino hacia una paz urbana duradera.
Redacción: judiciales
