Las amenazas contra el candidato a la Cámara por el Atlántico, Jaime Santamaría, del Pacto Histórico, volvieron a encender las alertas sobre la seguridad de quienes participan en la contienda política en Colombia.
Según relató del candidato a www.noticisscoopercom.co recibió un mensaje a su teléfono celular en el que le exigían abandonar su candidatura bajo amenaza de muerte. En el texto se lee “Renuncia o vamos por ti, tu equipo de campaña y tu familia. Eres declarado objetivo militar.”
Santamaría aseguró que no es la primera vez que enfrenta actos de intimidación. Durante el proceso electoral también habría sido objeto de agresiones y daños a su sede política en el municipio de Puerto Colombia. Sin embargo, esta última amenaza fue directa y encendió las alarmas entre sus seguidores y las autoridades locales.
“Durante el tiempo de campaña he sido víctima de matoneos y daños contra la sede que tenía en Puerto Colombia. Pero luego de las elecciones del 26 de octubre aparece una amenaza puntual en contra de mi vida y mi familia. Ya hemos hecho las acciones necesarias ante los estamentos competentes. Esperemos que las autoridades no solo garanticen mi seguridad, sino la de todos los candidatos”, manifestó.
Ante esto, el candidato acudió a la Fiscalía a presentar la denuncia formal contra personas indeterminadas, mientras que desde la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue ordenada una evaluación su situación de riesgo.
El caso de Santamaría no es aislado. En los últimos meses, varios aspirantes en diferentes regiones del país han denunciado ser víctimas de intimidaciones. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), se tiene conocimiento de hasta al menos 106 agresiones contra liderazgos políticos durante el 2025.
Ante la gravedad de los hechos, el Gobierno Nacional y el Congreso anunciaron en el mes de agosto la puesta en marcha de un plan de protección especial para los candidatos al Congreso y la Presidencia, con el fin de reforzar los esquemas de seguridad y garantizar campañas electorales en condiciones seguras.
La estrategia contempla la participación de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo, en busca de prevenir nuevos episodios de violencia política durante el actual proceso electoral.
La situación reabre el debate sobre la vulnerabilidad de los candidatos políticos en Colombia, especialmente en regiones donde la confrontación electoral se mezcla con la presencia de estructuras criminales que intentan influir en la vida pública mediante el miedo.
Foto: Cortesía Jaime Santamaría.