El ente acusador solicitó este martes medida de aseguramiento en cárcel para el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos, luego de imputarle varios delitos relacionados con presuntas irregularidades en contratos para la atención de adultos mayores durante su paso por la Asamblea Departamental.
De acuerdo con la fiscal del caso, Lucy Marcela Laborde, Petro habría participado en la apropiación de recursos públicos a través de la Fundación Conciencia Social, entidad que mantenía convenios con la Gobernación del Atlántico para la atención de personas de la tercera edad en distintos municipios. Además, según la investigación, habría entregado información falsa en su hoja de vida y en documentos asociados a su declaración de renta.
Durante la audiencia, la fiscal reveló un hecho que, según ella, genera preocupación dentro del proceso. Explicó que el pasado 10 de septiembre del presente año, Nicolás Petro acudió al Centro de Servicios Judiciales para designar al abogado Alejandro Carranza como su defensor. Sin embargo, ese mismo día, a las 8 de la mañana, una persona ajena a la Fiscalía ingresó al sistema interno del ente investigador y accedió a información reservada del expediente, horas antes de que Petro fuera oficialmente llamado a imputación. Laborde indicó que ya reportó esta anomalía a sus superiores para que se establezca cómo se produjo ese acceso irregular.
Este nuevo proceso se suma al que Petro ya enfrenta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, actualmente en etapa preparatoria para juicio. En ese caso, un juez especializado ya aceptó pruebas de ambas partes y las audiencias continuarán el 16 y 19 de diciembre para discutir los recursos presentados por la defensa y la Fiscalía.
En la diligencia de este martes, la fiscal Laborde afirmó que existen suficientes indicios que vinculan a Petro con los delitos imputados. Según la investigación, el exdiputado habría aprovechado su cargo para influir en la entrega de contratos a la Fundación Conciencia Social. Para ello, habría delegado en su entonces pareja, Daysuris Vásquez, la gestión de los acercamientos entre el representante legal de la fundación, Gustavo De la Ossa, y el entonces secretario general de la Gobernación, Raúl Lacouture Daza, con el fin de asegurar los convenios relacionados con la atención de adultos mayores.
El juez deberá decidir si acoge o no la solicitud de la Fiscalía y ordena que Nicolás Petro Burgos sea recluido en un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.
Redacción: judiciales
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