Momentos después de finalizar el consejo de seguridad realizado en el Comando Aéreo de Combate No. 3, en el municipio de Malambo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a una de las principales preocupaciones del Gobierno.
El reclutamiento de menores de edad por estructuras criminales.
El pronunciamiento se dio tras revisar la situación de seguridad del departamento del Atlántico, donde recientemente se han encendido alertas por intentos de captación de adolescentes por bandas dedicadas al microtráfico.
“El año pasado logramos reducir el reclutamiento en un 36% y este año, con todas las acciones a nivel nacional, ya va alrededor del 42% la reducción”, aseguró el ministro. Sin embargo, reconoció que el fenómeno no ha sido erradicado. “Sigue persistiendo”, afirmó.
Prevención y oportunidades
Sánchez explicó que la respuesta estatal no puede limitarse a operaciones armadas o judiciales. La estrategia, dijo, debe enfocarse principalmente en la prevención.
Entre las alternativas mencionó programas sociales dirigidos a jóvenes en riesgo y la posibilidad de que el servicio militar o policial funcione como opción de vida para evitar que ingresen a organizaciones ilegales.
Según el funcionario, el objetivo es que los adolescentes encuentren un camino distinto al de la violencia: servir al país y construir un proyecto personal en condiciones seguras, en lugar de exponerse a entornos criminales donde incluso pueden perder la vida.
Un problema que cambia de escenario
El ministro advirtió que el reclutamiento ya no es exclusivo de zonas rurales o de conflicto armado tradicional. En varios territorios del país, incluidas áreas urbanas, organizaciones delincuenciales están utilizando menores como informantes, distribuidores de droga o ejecutores de delitos.
Aunque el Gobierno destaca la reducción estadística, insiste en que el desafío es estructural: atacar las condiciones sociales que facilitan que niños y adolescentes terminen vinculados a economías ilegales.
Las autoridades reiteraron que el reclutamiento de menores constituye un delito grave y que continuarán las investigaciones contra quienes instrumentalicen a niños y jóvenes en actividades criminales.
Redacción: Alejandro Sandoval
Foto: Mateo Rueda