A casi año y medio de la intervención de Air-e, la situación financiera de la empresa sigue generando preocupación en el sector eléctrico por el aumento de sus deudas y los riesgos que esto podría representar para la estabilidad del servicio en la región Caribe.
La compañía, que presta el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, fue intervenida por el Gobierno tras detectarse serios problemas administrativos y financieros, entre ellos incumplimientos de pago en el mercado mayorista, deterioro patrimonial y amenazas sobre la continuidad del servicio. Sin embargo, lejos de mostrar una recuperación, el panorama luce cada vez más complejo.
La Superintendencia de Servicios Públicos formalizó la toma de posesión de Air-e en septiembre de 2024. (Superservicios)
De acuerdo con cifras conocidas del sector, a julio de 2025 la deuda de la empresa rondaba los $3,6 billones, una cifra que mantiene en alerta a las compañías generadoras de energía. De ese total, cerca de $1,7 billones se habrían acumulado después de la intervención, y la mayor parte de esas obligaciones corresponde a compromisos con el mercado mayorista.
Uno de los puntos que más inquieta a los expertos es el impacto que esta situación podría tener más allá de la propia empresa. El crecimiento de las deudas con generadores y otros agentes del sistema empieza a ser visto como un riesgo para toda la cadena de pagos del mercado eléctrico, lo que podría afectar la estabilidad financiera del sector.
Según los análisis conocidos, la deuda con generadores pasó de $927.000 millones antes de la intervención a $1,5 billones después de la toma de control, lo que muestra un incremento acelerado en los compromisos adquiridos con las empresas que producen y suministran energía.
A esto se suma que Air-e estaría registrando déficits mensuales superiores a los $130.000 millones, además de exhibir indicadores financieros más débiles que los de otras compañías del sector.
Otro aspecto que genera reparos es el bajo nivel de ejecución de su plan de inversiones. Mientras en 2023 la ejecución habría llegado al 41 %, en 2024 cayó al 19 %, lo que refleja dificultades para avanzar en las obras y mejoras necesarias en la infraestructura eléctrica.
Para varios analistas, este aumenta la incertidumbre sobre la viabilidad financiera de la empresa y sobre su capacidad para responder a las obligaciones que mantiene con los distintos actores del mercado.
En medio de ese contexto, expertos del sector han advertido que seguir vendiéndole energía a Air-e en las condiciones actuales representa un riesgo financiero alto, debido al deterioro de sus finanzas, el aumento de la deuda y las dificultades en su capacidad de recaudo.
Redacción: Alejandro Sandoval
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