Un nuevo caso de presunta extorsión contra el gremio transportador encendió las alarmas en el área metropolitana de Barranquilla, luego de que en redes sociales se divulgara la denuncia de intimidaciones contra un conductor de la empresa de transporte público colectivo Lolaya.
De acuerdo con la información difundida, el conductor habría recibido dos panfletos mientras cubría su ruta, en los que se incluían amenazas directas en caso de no acatar las exigencias de presuntos grupos criminales dedicados a la extorsión.
Uno de los impresos estaba encabezado por el denominado Bloque Resistencia Caribe (BRC), estructura que las autoridades han relacionado con la organización criminal ‘los Costeños’, mientras que el segundo documento hacía referencia a un “segundo llamado” y advertía sobre posibles ataques armados si no se cumplían las exigencias.
Este hecho se suma a antecedentes recientes, teniendo en cuenta que en julio y agosto de 2024 la empresa Lolaya fue blanco de ataques contra su flota, situación que obligó a suspender temporalmente el servicio en medio de una escalada de violencia contra el sector.
Frente a este nuevo episodio, las autoridades confirmaron que se trata de un posible caso de extorsión y reiteraron que continúan fortaleciendo las acciones para contener este delito que afecta a comerciantes y transportadores.
En ese sentido, el Grupo Gaula de la Policía Nacional, en articulación con la Alcaldía Distrital y el Gaula del Ejército, ha venido adelantando mesas de trabajo con los gremios afectados, así como jornadas preventivas orientadas a identificar riesgos y evitar que estos hechos se materialicen.
A través de un comunicado, la Alcaldía de Barranquilla informó que durante estos espacios se han socializado avances operativos, inversiones en seguridad y estrategias diseñadas para hacer frente a las estructuras criminales que ejercen presión sobre el sector productivo.
Asimismo, la Administración Distrital indicó que se han escuchado las necesidades de transportadores y comerciantes, acordando acciones conjuntas que permitan un acompañamiento permanente por parte de las autoridades, con el objetivo de mitigar el impacto de la extorsión en la ciudad.
Redacción: judiciales
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