La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anunció la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas del sector que, al parecer, habrían sido infiltradas por organizaciones criminales.
El superintendente, Larry Álvarez Morales, explicó que esta medida hace parte de una serie de acciones de control adelantadas en diferentes regiones del país, incluyendo Barranquilla, donde algunas compañías ya fueron sancionadas en primera instancia con la cancelación de su permiso de operación.
De acuerdo con la entidad, las investigaciones han permitido identificar un patrón preocupante en el que empresas obtienen licencias de manera legal, pero posteriormente terminan facilitando recursos a actividades ilícitas.
“El patrón identificado muestra empresas que obtienen licencias legales para operar, pero posteriormente ponen personal, armas o recursos al servicio de organizaciones ilegales”, indicó el funcionario.
Asimismo, se conoció que las pesquisas han evidenciado la posible utilización de armas autorizadas en hechos delictivos, así como la vinculación de personal relacionado con estructuras criminales.
El superintendente también advirtió que estas prácticas podrían estar asociadas a delitos como el lavado de activos y otras economías ilegales, lo que aumenta la gravedad de la situación detectada. “Estas prácticas podrían estar asociadas a delitos como el lavado de activos y otras economías ilegales”, sostuvo.
En ese sentido, reiteró que la entidad continuará actuando con firmeza frente a cualquier irregularidad dentro del sector. “La entidad continuará ejerciendo una rigurosa vigilancia con el fin de garantizar que este servicio opere bajo los más altos estándares de legalidad”, concluyó.
Además, la Supervigilancia indicó que otras ocho empresas podrían ser objeto de sanciones en los próximos días, como resultado de procesos investigativos que aún se encuentran en curso.