La Universidad Autónoma del Caribe continúa en el centro del debate jurídico tras el fallo que ordena el reintegro de la exrectora Silvia Gette. Frente a esta decisión, las directivas de la institución anunciaron una serie de acciones legales para controvertirla, al considerar que podría afectar la estabilidad alcanzada en los últimos años.
Durante una rueda de prensa, el rector Jorge Senior fue enfático en señalar que, aunque el fallo no tendría un impacto inmediato en el funcionamiento académico y administrativo, sí representa un riesgo para el marco normativo que ha sostenido a la universidad durante más de 13 años. En ese sentido, advirtió que la decisión judicial podría generar un retroceso en los procesos que permitieron superar una de las etapas más críticas de la institución.
Senior destacó el papel de los denominados “Institutos de Salvamento”, mecanismos que, según explicó, fueron determinantes para evitar la liquidación de la universidad en medio de la crisis financiera que enfrentó. A su juicio, estos instrumentos no solo garantizaron la continuidad académica, sino que también permitieron recuperar la confianza institucional, por lo que cualquier decisión que los desconozca podría poner en entredicho los avances logrados.
Por su parte, el abogado de la universidad, Rafael Pacheco Vega, cuestionó la legalidad del fallo y confirmó que ya se interpusieron los recursos correspondientes para intentar revertirlo. El jurista argumentó que el restablecimiento del derecho no puede darse sin tener en cuenta las condiciones actuales, y recordó que Silvia Gette fue desvinculada por justa causa en su momento.
Pacheco también subrayó que existe una condena en firme, ratificada por la Corte Suprema de Justicia, por el delito de abuso de confianza agravado. Además, señaló que la exrectora no ha cumplido con las obligaciones derivadas de dicha condena, entre ellas el pago de una multa y la devolución de un millón de dólares que, según el proceso judicial, fueron retirados de las arcas de la universidad.
Finalmente, las directivas reiteraron que continuarán acudiendo a todas las instancias legales necesarias para defender la institucionalidad y evitar posibles afectaciones a la estabilidad administrativa y académica. El caso reabre un debate sensible sobre el pasado reciente de la universidad y plantea nuevos retos en el ámbito jurídico.
Redacción: Alejandro Sandoval
Foto: Noticias Coopercom