El Ministerio de Transporte dio a conocer un proyecto de resolución con el que busca prolongar durante 12 meses adicionales la suspensión del cobro para los vehículos de categorías 1 y 2 en el peaje Papiros, ubicado en la vía Cartagena–Barranquilla. La medida empezaría a aplicarse desde el 12 de mayo de 2026, fecha en la que finaliza la prórroga vigente.
De acuerdo con el documento publicado por el Gobierno nacional, la decisión se sustenta en los conflictos sociales y las dificultades de movilidad que continúan presentándose alrededor de esta caseta de peaje desde el año 2023.
El Ministerio señaló que, pese a las mesas de diálogo adelantadas entre las comunidades, autoridades y el concesionario, todavía persisten afectaciones consideradas de “alta significancia social” para quienes transitan por este corredor vial.
Entre los problemas identificados se encuentran las congestiones vehiculares en horas pico, riesgos para motociclistas y ciclistas, así como complicaciones operativas por la cercanía entre la báscula y las casetas de recaudo. Además, las autoridades reconocen que no existe una vía alterna eficiente para los habitantes de la zona.
La nueva ampliación también tendría como propósito avanzar en una solución definitiva frente al futuro del peaje Papiros. Según la evaluación técnica realizada, se escogió una alternativa que permitiría optimizar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y mejorar el funcionamiento del punto de recaudo.
Por su parte, el concesionario solicitó extender la suspensión del cobro para continuar con las jornadas de socialización con líderes comunitarios y desarrollar estudios y diseños definitivos antes de una eventual reactivación tarifaria.
Tribunal falló a favor acción popular de la Procuraduría para intervenir el peaje
La Procuraduría General de la Nación ganó la batalla a favor de la comunidad para que la caseta del peaje Papiros, ubicada entre el Distrito de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia, sea reconstruida y cumpla con las normas viales que lleven seguridad y beneficio a los habitantes del sector.
Así lo decidió el Tribunal Administrativo del Atlántico al fallar la acción popular con la que el Ministerio Público busca la protección a los derechos colectivos de los residentes de la zona, que en varias oportunidades realizaron protestas y bloqueos exigiendo el desmonte del peaje al considerarlo como una afrenta a la economía, el turismo, la movilidad, la seguridad vial y el progreso de la comunidad.
El Tribunal le dio la razón razón a la Procuraduría 118 Judicial para la Conciliación Administrativa de Barranquilla en cuanto a que la infraestructura del peaje y la báscula del pesaje, al parecer, ponen en riesgo la vida de las personas que transitan por la vía como quiera que allí se han presentado una serie de accidentes de tránsito donde se han visto involucrados vehículos livianos, pesados, motociclistas, ciclistas y peatones.
Escrito y foto: Mateo Rueda Gómez