Los gobernadores de la región Caribe, articulados por la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe, junto con la bancada del Congreso, gremios, academia y el sector industrial, presentaron hoy de manera oficial el Plan Caribe Energético.
Esta hoja de ruta unificada transforma estructuralmente el rol de la región: el Caribe deja de ser tratado de forma condescendiente como el epicentro de los problemas eléctricos del país para consolidarse formalmente como la solución definitiva y el Hub Energético de Colombia.
El lanzamiento, celebrado en Montería en el marco de la 64ª Feria Nacional e Internacional de la Ganadería, reunió a más de 100 líderes del sector público y privado. El documento no es un pliego de peticiones sectoriales, sino una política de Estado construida con rigurosidad técnica desde el territorio. Su objetivo es incidir directamente en el próximo Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030, exigiendo un cambio drástico en la forma en que el gobierno central planifica el futuro de la energía.
“Durante muchos años la conversación energética sobre nuestra región ha estado asociada a dificultades y rezagos. Pero el Caribe no puede seguir siendo visto únicamente desde sus problemas. ¡El Caribe debe ser visto desde sus potencialidades! No habrá transición energética exitosa en Colombia sin seguridad energética, y no habrá seguridad energética sin el Caribe colombiano. No le estamos pidiendo un favor al país, le estamos ofreciendo la solución”, manifestó Eduardo Verano, gobernador del Atlántico y presidente de la RAP Caribe.
La propuesta institucional aborda con realismo técnico las problemáticas estructurales del territorio —como las tarifas elevadas, las pérdidas de energía y las restricciones de transmisión— y las contrarresta posicionando los activos estratégicos de la costa norte: el mayor potencial eólico y solar del país, puertos de conectividad global y la infraestructura clave para la producción y transporte de gas natural.
Seis apuestas estratégicas
El Plan Caribe Energético se fundamenta en seis pilares interconectados que buscan resolver los cuellos de botella del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y dinamizar la economía:
1. Generación, confiabilidad y abastecimiento energético: optimización de las fuentes actuales y aceleración de proyectos limpios.
2. Almacenamiento de energías: incorporación de tecnologías para robustecer la estabilidad del sistema.
3. Transmisión, distribución y modernización de redes: infraestructura moderna para acabar con las restricciones de flujo.
4. Sostenibilidad del esquema de prestación del servicio: viabilidad financiera y regulatoria para equilibrar las tarifas a los usuarios.
5. Energía para la competitividad y el desarrollo productivo: estímulo directo a la industria, el agro, el turismo y la logística.
6. Gobernanza energética con enfoque territorial: autonomía regional frente a las decisiones centralistas.
“Cuando el Caribe gana en energía, Colombia gana en desarrollo. El Caribe unido es capaz de transformar su realidad, y cuando el Caribe se transforma, Colombia avanza. Lo que necesitamos ahora del Gobierno nacional es decisión: decisión para invertir, decisión para ejecutar y decisión para confiar en las regiones. El Caribe es el Hub Energético de Colombia”, agregó Verano.
Exigencias al Gobierno nacional
1. Aceleración de infraestructura: priorizar de forma inmediata los proyectos de transmisión pendientes para incorporar las energías renovables del Caribe al sistema nacional.
2. Estabilidad regulatoria: garantizar la sostenibilidad financiera del esquema de distribución para blindar a empresas y usuarios de fluctuaciones críticas.
3. CONPES Caribe Energético: institucionalizar esta hoja de ruta como una política de Estado a largo plazo, con metas claras, presupuesto asignado y mecanismos estrictos de seguimiento.
Como mecanismo de blindaje y continuidad técnico-política, se anunció la institucionalización permanente de la Mesa Energética del Caribe. Este organismo, liderado por la RAP Caribe, contará con capacidades técnicas y administrativas propias para realizar el monitoreo de los compromisos nacionales, destrabar proyectos de infraestructura esenciales y garantizar que la voz del territorio sea vinculante y no meramente consultiva.
Fuente: Gobernación del Atlántico