Un video que comenzó a circular en las últimas horas evidencia una nueva amenaza extorsiva atribuida a Otón Alfredo Peralta Estupiñán, conocido con el alias de “Otón”, quien, pese a permanecer recluido en la cárcel La Tramacúa de Valledupar, habría intimidado mediante una videollamada a un comerciante del municipio de Soledad.
En la grabación, el presunto delincuente asegura actuar en nombre de una facción denominada “La Nueva Generación” y afirma que recibe órdenes de alias “El Menor”, marcando distancia de la estructura criminal de ‘Los Costeños’, liderada por alias “Castor”, organización de la que anteriormente hizo parte.
Durante la videollamada, el hombre amenaza a la víctima con atentar contra su vida si no accede a pagar una extorsión, denominada por él como un “aporte de guerra”. Además, hace referencia a información personal del comerciante y de su núcleo familiar, mencionando los horarios de trabajo de su esposa, la ubicación de sus hijas y recientes compras de teléfonos celulares y joyas, con el propósito de demostrar que tendría seguimiento sobre todos sus movimientos.
El comerciante reside en inmediaciones del lugar donde, el 3 de julio de 2025, fueron asesinadas la madre de alias “Otón”, Esperanza Estupiñán de Peralta, de 69 años, y su cuñado Wilderson Enrique Hernández Ucrós, en una masacre ocurrida en el barrio La Fe, en Soledad. En ese mismo hecho resultó herido Juan Carlos Peralta Estupiñán, hermano del presunto delincuente, quien falleció días después en un centro asistencial.
En el video, Peralta Estupiñán también sostiene que las órdenes para cometer acciones violentas ya no provienen de alias “Castor”, sino de la nueva estructura criminal a la que asegura pertenecer. Finalmente, lanza un ultimátum a la víctima, advirtiéndole que dispone de 20 minutos para comunicarse con él, o de lo contrario atentaría contra su vida.
Las autoridades analizan la autenticidad del video y adelantan las investigaciones correspondientes para establecer su origen, verificar las amenazas y determinar las acciones judiciales que permitan proteger a la víctima e identificar posibles colaboradores externos que estarían facilitando la comisión de extorsiones desde un centro penitenciario.