Tras los hechos de orden público registrados en el corregimiento de Arroyo de Piedra, en Luruaco, por la incineración de cuatro máquinas amarillas presuntamente utilizadas en actividades de minería ilegal, representantes de la comunidad y delegados de la Gobernación del Atlántico sostuvieron una reunión con el propósito de buscar soluciones a la problemática y evitar nuevas protestas.
Durante el encuentro, los habitantes expusieron sus principales inquietudes y presentaron una serie de solicitudes relacionadas con la actividad minera que desarrollan en la zona. Los funcionarios departamentales recopilaron las peticiones para trasladarlas a las entidades competentes, debido a que no contaban con facultades para tomar decisiones definitivas en esa mesa de trabajo.
Roberto Ortega, vocero de la comunidad, explicó que uno de los compromisos adquiridos fue la realización de una segunda reunión, esta vez con la participación de funcionarios con capacidad de decisión y, posiblemente, de representantes del Ministerio de Minas y Energía.
“Se espera que la próxima reunión sea en muy pocos días. De aquí se definirán todos los pasos a seguir”, manifestó Ortega.
Como resultado del primer acercamiento, la comunidad anunció que, por el momento, no realizará nuevas manifestaciones ni bloqueos sobre la vía La Cordialidad, mientras espera respuestas concretas por parte de las autoridades frente a sus peticiones.
Entre los temas que serán abordados en la próxima mesa de diálogo está la posibilidad de avanzar en la formalización de la minería artesanal que se desarrolla en el corregimiento. Según se conoció, la Gobernación buscará la participación de la empresa Argos para analizar alternativas que faciliten la obtención de las licencias requeridas por quienes ejercen esta actividad.
La situación se originó luego de un operativo adelantado por el Ejército Nacional, en el que fueron incineradas cuatro máquinas de línea amarilla utilizadas, presuntamente, para la extracción ilícita de minerales. De acuerdo con la institución, la maquinaria estaba avaluada en cerca de 2.000 millones de pesos y su destrucción representa un golpe a las economías ilegales estimado en 910 millones de pesos mensuales.
Las protestas derivadas de este procedimiento provocaron el cierre temporal de la vía La Cordialidad entre el martes y el miércoles. Los habitantes aseguran que su principal objetivo es obtener permisos para ejercer la minería de manera legal, argumentando que, mientras empresas privadas desarrollan esta actividad en el sector, ellos no cuentan con las autorizaciones necesarias para trabajar formalmente.Escrito por: Mateo Rueda Gómez