Cerrar las brechas que todavía afectan a las mujeres en el Atlántico sigue siendo uno de los grandes retos del departamento. En los últimos dos años, más de 6.000 mujeres han accedido a programas de emprendimiento, formación para el trabajo, educación financiera, comercialización y transformación digital, de acuerdo con el balance presentado durante el primer comité de seguimiento de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género.
El encuentro permitió revisar los resultados alcanzados entre 2024 y el primer semestre de 2026, pero también puso sobre la mesa varios desafíos que todavía persisten en materia de autonomía económica, prevención de violencias, participación política, educación y acceso a la tecnología.
Uno de los datos que más llama la atención está relacionado con la atención a mujeres víctimas de violencias basadas en género. La Ruta Integral de Atención pasó de registrar 234 casos atendidos durante 2024 a 911 en 2025, con apoyo de servicios presenciales, virtuales y una línea de atención permanente.
El aumento en las atenciones no necesariamente significa que haya más casos, sino que también puede reflejar un mayor acceso de las mujeres a los mecanismos disponibles para buscar orientación y protección. Sin embargo, las cifras vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la respuesta institucional frente a este tipo de situaciones.
En el componente de prevención y transformación cultural, cerca de 1.900 personas, entre servidores públicos, docentes y participantes del programa MACHO+, recibieron formación relacionada con igualdad de género, prevención de violencias y masculinidades corresponsables.
A esto se suma la creación de una Casa para la Dignidad de las Mujeres en Polonuevo, que será la primera de este tipo en el departamento y estará enfocada en fortalecer la atención integral a las mujeres.
Durante el encuentro también surgieron cuestionamientos sobre la manera de medir los resultados de estas iniciativas. Para las representantes del Consejo Consultivo de Mujeres, no basta con contabilizar talleres, capacitaciones o actividades realizadas, sino que es necesario determinar qué cambios concretos están generando en la vida de las beneficiarias.
Alma Mendoza Camargo, consejera consultiva del sector deporte, planteó precisamente esa discusión. “No solo debemos mirar el número de talleres, eventos y capacitaciones, sino medir el impacto de los programas y hacer seguimiento continuo a sus indicadores”, señaló.
En materia económica, además de las 6.000 beneficiarias, cerca de 500 mujeres participaron en ferias y eventos comerciales entre 2024 y 2026, mientras otras recibieron formación específica para acceder a nuevos campos laborales.
Uno de los ejemplos fue la capacitación de 25 mujeres como operarias de montacargas, una formación que busca ampliar sus posibilidades de ingresar a sectores laborales tradicionalmente ocupados en mayor proporción por hombres. También se fortalecieron asociaciones productivas y se acompañaron procesos de artesanas y agroemprendedoras, con la intención de que sus actividades puedan convertirse en fuentes más estables de ingresos.
Otro de los puntos revisados fue el acceso de las mujeres a servicios de salud. Según el balance presentado, cerca del 60 por ciento de las instituciones evaluadas cumple actualmente con la normativa relacionada con la atención dirigida a esta población. El objetivo ahora es implementar planes de mejoramiento y mejorar la coordinación entre las entidades que intervienen en las rutas de atención.
Las representantes de las mujeres también pidieron ampliar las oportunidades para acceder a convocatorias, fortalecer la asistencia técnica y buscar recursos de cooperación nacional e internacional para financiar nuevos proyectos relacionados con cambio climático, participación política y derechos de las mujeres.
La discusión deja claro que, aunque existen avances, todavía hay una tarea pendiente para que las cifras se traduzcan en cambios sostenibles. El desafío no está solamente en llegar a más mujeres, sino en conseguir que la formación, los emprendimientos, las rutas de atención y los espacios de participación se conviertan en herramientas reales para mejorar sus condiciones de vida y reducir las desigualdades que persisten en el Atlántico.
Redacción: Alejandro Sandoval