Los dos días de paro armado atribuidos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada habrían dejado pérdidas económicas superiores a los 70 mil millones de pesos en Santa Marta, de acuerdo con una estimación entregada por la Cámara de Comercio de la capital del Magdalena.
La cifra refleja el impacto que tuvieron las restricciones impuestas durante las jornadas en diferentes actividades económicas de la ciudad. Según el dirigente gremial, el comercio, el transporte y el sector servicios estuvieron entre los más afectados, debido a la reducción de la movilidad y a las dificultades para mantener con normalidad la operación de establecimientos y empresas.
El impacto no se limitó a los negocios que tuvieron que suspender o reducir sus actividades. Las restricciones también afectaron el desplazamiento de trabajadores, la prestación de servicios y el movimiento comercial, en una coyuntura que obligó a buena parte de la ciudad a modificar sus dinámicas habituales.
Para la Cámara de Comercio, el episodio también deja sobre la mesa una preocupación que va más allá de las pérdidas económicas. El dirigente gremial Jaramillo advirtió sobre las condiciones de seguridad que persisten en Santa Marta y señaló que las medidas adoptadas durante la emergencia deben estar acompañadas de acciones que permitan evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.
La petición apunta a una estrategia de seguridad permanente, que permita proteger a los ciudadanos y, al mismo tiempo, garantizar que las empresas puedan desarrollar sus actividades sin que las acciones de grupos armados terminen afectando el funcionamiento de la economía local.
La estimación se conoce mientras Santa Marta avanza en la reactivación gradual de sus actividades económicas, luego de que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada anunciaran el levantamiento del paro armado.
Ahora, uno de los principales retos para la ciudad será recuperar el ritmo de las actividades que se vieron interrumpidas y restablecer la confianza de comerciantes, empresarios, trabajadores y ciudadanos frente a la posibilidad de nuevas afectaciones a la movilidad y a la economía.
Redacción: judiciales