El Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla impuso detención domiciliaria a Chirley Hernández Rojas, funcionaria del CTI de la Fiscalía, investigada por la muerte de su esposo, Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, de 52 años, quien se desempeñaba como secretario de justicia del Tribunal Superior de Barranquilla.
La decisión fue adoptada después de la imputación realizada el pasado 26 de agosto por el fiscal 23 de Vida Seccional Barranquilla, Adolfo Niebles Torres, quien le atribuyó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.
Los hechos ocurrieron el 21 de marzo en el apartamento que la pareja compartía en el edificio Catedral Plaza, en el barrio Boston. Aquella noche, Aldemar Avendaño fue encontrado sin vida en la sala de la vivienda, junto a una pistola 9 milímetros y cinco vainillas.
En un comienzo, Hernández Rojas manifestó a las autoridades que su esposo había estado consumiendo licor desde horas de la tarde y que, después de regresar al apartamento, continuó bebiendo. Según esa primera versión, ella y sus hijos escucharon varias detonaciones y posteriormente lo encontraron muerto.
Sin embargo, la investigación de la Fiscalía tomó otra dirección. Durante la audiencia de imputación, el fiscal sostuvo que existen elementos materiales probatorios que apuntarían a que el hombre no se habría quitado la vida, sino que habría sido atacado por su esposa.
Avendaño recibió tres impactos de bala, en la cabeza, el tórax y el brazo izquierdo. La Fiscalía destacó que uno de los disparos en el brazo tendría características de una acción defensiva y que los estudios de Medicina Legal establecieron diferencias en las distancias desde las cuales habrían sido efectuados los disparos.
También fue cuestionada la posición en la que fue encontrada el arma. Según el fiscal, la pistola estaba acomodada en la mano de la víctima, con los dedos sobre el obturador, una circunstancia que, de acuerdo con su exposición, no correspondería a la dinámica esperada de un disparo autoinfligido.
Otro de los elementos expuestos fue el estado de indefensión de Avendaño, quien, según la Fiscalía, se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.
“No cabe duda que no se encuentra dentro de los parámetros de un suicidio”, sostuvo el fiscal durante la audiencia. Hernández Rojas no aceptó los cargos y afirmó ante el juez que es inocente.
Aunque la Fiscalía había solicitado que fuera enviada a una cárcel, el juez consideró que hasta el momento no existe evidencia de que la procesada haya intentado obstruir la justicia y resaltó su disposición de comparecer ante las autoridades.
También tuvo en cuenta que la pareja tiene un hijo menor de 10 años que quedó sin su padre y que podría quedar sin su madre si ella fuera enviada a un establecimiento carcelario. Por ello, la mujer permanecerá en su residencia bajo vigilancia electrónica. Además, no podrá comunicarse con testigos, peritos ni familiares de la víctima y tendrá restringido el cambio de domicilio sin autorización judicial.
Redacción: judiciales