Una preocupante radiografía de inseguridad y zozobra atraviesa el sector turístico del Parque Nacional Natural Tayrona y la Troncal del Caribe. A través de un vehemente pronunciamiento dirigido al Gobierno nacional, los empresarios y comerciantes de la zona denunciaron ser víctimas de una sistemática red de extorsión y sometimiento por parte de estructuras armadas ilegales. La combinación de esta presión criminal con la deficiencia en los servicios públicos esenciales tiene al gremio sumido en una profunda crisis operativa y económica que amenaza con paralizar la economía local.
El esquema de monopolio forzado impuesto por los grupos al margen de la ley abarca desde la cadena de suministros hasta la movilidad de los visitantes. Según detallaron los afectados, los violentos prohibieron la entrada de distribuidores tradicionales e impusieron la compra obligatoria de insumos básicos, bebidas e hielo únicamente a proveedores bajo su control. Asimismo, crearon y tomaron el control exclusivo del servicio de transporte en taxi, condicionando el traslado de turistas y restringiendo la libre competencia mediante constantes amenazas a la integridad física de los trabajadores.
A las restricciones comerciales se suma una inminente amenaza ambiental derivada de las directrices impuestas por la criminalidad. Los hoteleros revelaron que son obligados a contratar el mantenimiento y vaciado de pozas sépticas con personal no calificado asignado por los mismos grupos armados. Esta imposición no solo representa un cobro arbitrario, sino que transgrede las normas sanitarias e incrementa el riesgo de un impacto ecológico en la reserva natural protegida, exponiendo a los establecimientos a severas sanciones administrativas.
Pese al drástico desplome en la llegada de visitantes y a fallas críticas en la infraestructura como apagones eléctricos de más de tres días consecutivos, el cobro de cuotas extorsivas mensuales no da tregua. Ante esta coyuntura insostenible, el gremio solicitó con urgencia la intervención directa del Poder Ejecutivo para recuperar el control territorial y salvaguardar la vida de la comunidad empresarial, exigiendo que se adopten medidas inmediatas para frenar la vulneración de sus derechos.
Con el fin de mitigar el impacto económico, los voceros del sector plantearon un paquete de rescate gubernamental que incluye la expedición de un decreto de emergencia con alivios tributarios, destacando la exención del IVA para los servicios hoteleros. Finalmente, surgieron al Gobierno a aplazar el cierre programado del Parque Tayrona y a instalar de manera prioritaria mesas de concertación para concertar incentivos financieros que impidan el colapso definitivo del turismo en esta emblemática región del país.
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