El Tribunal Administrativo del Atlántico decretó una medida cautelar dentro de la acción popular promovida por el Distrito de Barranquilla contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). La providencia, con ponencia del magistrado Jorge Eliécer Fandiño Gallo, ordena al IGAC retirar de sus plataformas cartográficas la línea de delimitación territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia que derivaba de la Ordenanza 075 de 2009, la cual fue declarada nula por la jurisdicción contencioso-administrativa.
En virtud del fallo, el Agustín Codazzi dispone de un plazo de 30 días para eliminar de la plataforma digital “Colombia en Mapas” y de sus publicaciones cartográficas oficiales el trazado anulado como referencia única. En su lugar, el instituto deberá incorporar una capa geográfica de jerarquía visual equitativa que identifique el sector como “zona de límite dudoso”, reflejando las posturas consignadas por ambas entidades territoriales en el acta del 20 de noviembre de 2025 e incluyendo una leyenda que aclare que ningún mapa publicado define jurisdicción ni fija límites definitivos.
Asimismo, la decisión judicial vincula al Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), concediéndole 15 días a partir de la notificación para entregar al Distrito una copia completa, estructurada e integral de la base catastral sobre los predios de la zona en disputa. La información requerida abarca aspectos físicos, jurídicos, económicos, geométricos y de avalúos, la cual deberá remitirse por canales seguros respetando los parámetros del Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC), debiendo reportarse las novedades de actualización durante los primeros cinco días hábiles de cada mes.
El Tribunal determinó que la entrega y flujo de datos catastrales se mantendrán vigentes hasta tanto el Congreso de la República defina la delimitación territorial mediante ley formal. Adicionalmente, el auto ordenó a las secretarías de Hacienda de Barranquilla y Puerto Colombia diseñar un protocolo coordinado para identificar predios con doble facturación, cobros coactivos o fiscalizaciones paralelas, garantizando la protección de los contribuyentes sin que ello implique definir el sujeto activo de la obligación tributaria.
La acción popular interpuesta por el gobierno distrital buscaba el amparo de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y la eficiente prestación de los servicios públicos en la zona limítrofe. Con estas medidas cautelares, la alta corporación judicial busca dar seguridad jurídica temporal y ordenar la administración de la información predial en el sector mientras se produce el fallo definitivo o la pronunciación legislativa correspondiente.
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