Tras el desalojo del predio donde funcionó la tradicional bolera Titos Bolos, en el norte de Barranquilla, continúan las reacciones por parte de la defensa de la iglesia cristiana que ocupaba el inmueble. En esta ocasión, el abogado Fernando Vernnier expuso una serie de cuestionamientos que, según indicó, van más allá del procedimiento administrativo ejecutado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El jurista aseguró que el caso presenta al menos tres situaciones preocupantes. La primera, según explicó, estaría relacionada con un posible detrimento patrimonial contra el Estado colombiano. De acuerdo con su versión, el inmueble tendría un avalúo superior a los 30 mil millones de pesos, pero estaría siendo ofertado por una suma cercana a los 14 mil millones, lo que, a su juicio, debería ser objeto de investigación.
En ese sentido, indicó que ya se han presentado denuncias ante entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y la Fiscalía, esta última que, según afirmó, ya habría abierto un expediente para analizar lo ocurrido.
Como segundo punto, Vernnier cuestionó que el proceso se adelante en medio de la ley de garantías, señalando que, desde una perspectiva ética y de moralidad pública, no sería adecuado realizar operaciones de compraventa de bienes en un contexto preelectoral.
Finalmente, el abogado sostuvo que el desalojo haría parte de una presunta persecución contra la iglesia cristiana, la cual, según afirmó, lleva más de 29 años funcionando en el lugar y ha cumplido un papel social y espiritual para la comunidad barranquillera.
El defensor también rechazó los argumentos expuestos por la SAE sobre supuestas deudas e irregularidades en el uso del predio, calificándolos como “falaces” y señalando que, de existir algún incumplimiento, el caso debería ser dirimido por un juez de la República y no por una entidad administrativa. En esa línea, cuestionó la competencia de la SAE para ejecutar el procedimiento y criticó el despliegue de fuerza pública utilizado durante el operativo.
El caso continúa generando controversia y se mantiene en el centro del debate jurídico, a la espera de decisiones de fondo por parte de las autoridades competentes.
Redacción: Alejandro Sandoval
Foto: Noticias Coopercom