La Procuraduría General de la Nación inició una investigación preliminar para aclarar si se cometió una omisión en la ejecución de una sanción disciplinaria que había sido impuesta al rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Ángel Castillo Pacheco.
Según el Ministerio Público, la medida disciplinaria fue registrada en el Sistema de Información y Registro de Inhabilidades el 11 de marzo de 2025, luego de que un fallo del 21 de febrero de 2025 ordenara la suspensión del directivo por cuatro meses.
No obstante, a pesar de esa sanción, el mismo Castillo fue designado como rector de la institución educativa el 17 de diciembre de 2025, lo que despertó cuestionamientos sobre el cumplimiento de la suspensión.
Por esa razón, el ente de control abrió la indagación “para establecer si hubo incumplimiento en la aplicación de la sanción”.
La Procuraduría ordenó que se practiquen pruebas con el objetivo de “aclarar por qué no se cumplió el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento”.
Este proceso también busca identificar a los servidores públicos de la universidad que podrían ser responsables de no hacer efectiva la sanción, en caso de comprobarse algún incumplimiento de sus deberes.
La investigación se encuentra en etapa inicial y será la Procuraduría la que determine si existen méritos para avanzar hacia una investigación disciplinaria formal.