El alcalde Alejandro Char celebró la medida cautelar proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico respecto a la disputa territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia por los sectores del Corredor Universitario, Ciudad Mallorquín y Villa Campestre. A través de sus canales oficiales, el mandatario distrital calificó la providencia judicial como una victoria importante que fortalece la protección de los intereses de la ciudad, al tiempo que ratificó que la decisión representa un avance significativo en la defensa del patrimonio público y la seguridad jurídica del territorio.
El pronunciamiento judicial respondió a una acción popular interpuesta por el Distrito de Barranquilla contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). En la resolución, el Tribunal fijó un plazo de 30 días para que el IGAC retire de sus plataformas oficiales la cartografía basada en la Ordenanza 075 de 2009 la cual fue anulada y publique una capa neutra que identifique el sector como “zona de límite dudoso”, mostrando con la misma jerarquía visual las pretensiones de ambas partes e indicando expresamente que ningún trazado define jurisdicción definitiva.
Asimismo, la alta corporación ordenó al Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) entregar en un lapso de 15 días una copia estructurada e integral de la base catastral de los predios en disputa al Distrito. Dicha entrega de información física, jurídica, económica y de avalúos deberá mantenerse actualizada con reportes mensuales durante los primeros cinco días hábiles de cada mes, esquema que continuará vigente hasta tanto el Congreso de la República determine la delimitación territorial mediante una ley formal.
Por su parte, la Alcaldía Municipal de Puerto Colombia emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que el sentido de la medida cautelar le resulta favorable, al considerar que la corporación rechazó las pretensiones de Barranquilla y no autorizó el traslado de la gestión catastral. La administración porteña enfatizó que la instrucción impartida al IGAC ratifica una postura cartográfica neutral y subrayó que la representación gráfica no genera efectos constitutivos ni anticipa el fallo de fondo, cuya competencia exclusiva recae en el órgano legislativo.
Finalmente, el pronunciamiento del Tribunal Administrativo del Atlántico incluyó directrices para las secretarías de Hacienda de ambas entidades territoriales, ordenándoles coordinar protocolos para identificar predios afectados por doble facturación o cobros coactivos paralelos. La medida busca proteger a los contribuyentes de la zona en controversia mientras el Congreso emite la decisión definitiva, garantizando la continuidad en la prestación de servicios públicos y la estabilidad en el recaudo tributario local.
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