El mes de agosto se convirtió en uno de los más violentos de los últimos años en el departamento del Atlántico. De acuerdo con las cifras consolidadas, se registraron 95 muertes violentas, un número que supera incluso los promedios críticos del primer semestre de 2025. Dentro de estas víctimas se contabilizan cuatro mujeres y al menos ocho casos asociados a hechos de hurto.
Entre los registros, se destaca que ocho personas murieron en situaciones vinculadas con la comisión de delitos, de los cuales cuatro fueron abatidos por la Policía y cuatro por particulares, incluyendo el linchamiento de un presunto sicario.
En el desglose municipal, Barranquilla aportó 49 muertes violentas, mientras que Soledad sorprendió con 33 casos, muy por encima de lo esperado. En contraste, Malambo reportó tres homicidios, Galapa dos y Puerto Colombia ninguno, convirtiéndose en la excepción dentro del panorama departamental.
El contexto del cese al fuego
El investigador y analista judicial Arturo García Medrano se refirió al panorama que se abre tras el anuncio de un posible cese al fuego por parte de las estructuras criminales asociadas a alias Castor y Digno Palomino, recluidos en diferentes cárceles del país.
“Es un proceso muy complejo, pero bienvenido de todo punto de vista, aunque haya mucha oposición de sectores de la sociedad civil. Ojalá sea cierto, que esté bien enrutado y que exista una verdadera disposición de verdad, reparación, no repetición, y arrepentimiento hacia las víctimas”, señaló García Medrano.
El analista enfatizó que este tipo de procesos no puede regirse bajo las mismas disposiciones legales que regulan los diálogos con grupos armados ilegales como paramilitares o guerrillas. “Aquí estamos frente a un fenómeno distinto, de delincuencia común con características especiales en Atlántico. Es fundamental que exista un piso legal desde el gobierno nacional y que tanto Congreso, como gobernaciones y alcaldías, garanticen la participación de la sociedad civil y de las víctimas”, añadió.
Una década de violencia y extorsión
García Medrano recordó que el departamento ha padecido casi una década de violencia criminal sostenida, con los últimos cinco años entre los más críticos. La extorsión, dijo, alcanzó niveles “insospechados”, generando desplazamiento interno, quiebras empresariales, daños económicos y el cierre de múltiples negocios.
“La violencia contra la vida ha estado directamente relacionada con la disputa territorial y de poder entre al menos dos organizaciones criminales”, puntualizó.
El investigador concluyó con un llamado a replantear la respuesta estatal y social frente a la criminalidad. “Necesitamos mecanismos distintos a la persecución, la represión, las cárceles y los cementerios, que hasta ahora solo han dejado resultados nefastos. Hay que construir espacios reales de vida y convivencia que permitan una transformación en la sociedad civil”.
Redacción: Alejandro Sandoval