La Comisión Segunda del Concejo de Barranquilla aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo que busca implementar el servicio de mínimo vital de agua potable y saneamiento básico en la ciudad. La iniciativa, respaldada unánimemente por seis votos a favor, contempla que la administración distrital financie el costo de hasta seis metros cúbicos mensuales de acueducto y alcantarillado a los usuarios de los estratos 1 y 2, aliviando de manera directa el gasto mensual de las familias con menores recursos económicos.
Durante el estudio de la propuesta, la célula legislativa aprobó una modificación impulsada por el concejal Juan José Vergara para ampliar el cobijo del beneficio hacia los hogares de estrato 3 que logren acreditar situaciones de pobreza o vulnerabilidad socioeconómica. Aunque la ampliación cuenta con el visto bueno del gobierno distrital para ser debatida en plenaria, cabildantes como José Trocha instaron a definir con precisión los criterios de focalización y el impacto fiscal que demandará la inclusión de esta población.
De acuerdo con las proyecciones presentadas por la empresa Triple A, la medida impactará inicialmente a cerca de 200.000 viviendas de los sectores 1 y 2, lo que equivale a unos 700.000 habitantes. Laura Aljure, secretaria general de la entidad, sostuvo que el volumen subsidiado toma como parámetro un estándar de 50 litros diarios por persona para familias de cuatro integrantes, representando un ahorro mensual proyectado en la factura de $26.064 para el estrato 1 y de $31.578 para el estrato 2.
Por su parte, el alcalde Alejandro Char destacó que este subsidio financiará aproximadamente el 50 % de la factura de los beneficiarios, cuyo consumo medio ronda los 12 metros cúbicos mensuales. Las autoridades locales aclararon que este esquema financiero operará de manera independiente y acumulativa a los subsidios tarifarios que rigen en la actualidad, permitiendo que el dinero ahorrado sea redirigido por los hogares a otras necesidades básicas de la canasta familiar.
La puesta en marcha del proyecto demandará una inversión pública cercana a los $66.209 millones de pesos para su primer año, divididos entre $36.624 millones para la cobertura en estrato 1 y $29.586 millones para el estrato 2. Estos rubros se girarán de forma progresiva mediante un convenio de transferencia directa entre el Distrito y la empresa prestadora del servicio, quedando condicionados a las revisiones presupuestales y tarifarias de cada vigencia fiscal.
Finalmente, el proyecto de acuerdo contempla un componente de inclusión social que contempla la reconexión prioritaria del servicio a predios habitados por sujetos de especial protección constitucional cuya red haya sido suspendida por mora. Adicionalmente, se estipula un plan de formalización técnica que busca interconectar a la red formal a unos 17.400 inmuebles ubicados en asentamientos subnormales de la capital del Atlántico, garantizando así un acceso integral al recurso hídrico.
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