Salir a trabajar se ha convertido en un riesgo para decenas de conductores de motos y motocarros en Barranquilla y Soledad. En lo corrido de 2026, al menos 19 personas dedicadas a estas actividades han sido asesinadas en ambos municipios, de acuerdo con los casos reportados por Zona Cero durante los primeros ocho meses del año.
Del total de víctimas, 12 eran mototaxistas y siete conducían motocarros. Detrás de varios de estos crímenes aparecen, según las investigaciones y denuncias conocidas, disputas entre estructuras como ‘Los Costeños’, ‘La Nueva Generación’ y ‘Los Pepes’, que buscan controlar territorios y rentas ilegales.
El problema no se limita a los asesinatos. Conductores y propietarios han denunciado que las organizaciones criminales estarían imponiendo cobros diarios, semanales o mensuales para permitirles trabajar y circular por determinadas zonas. En Soledad, por ejemplo, algunos motocarristas aseguran que las exigencias pueden llegar hasta los 18.000 pesos diarios, particularmente en sectores con alta actividad comercial como Plaza del Sol, el Hipódromo, Mi Plaza Los Robles y la vía al aeropuerto.
‘Stickers’ para saber quién paga
Dentro de las denuncias aparece una modalidad que ha llamado especialmente la atención de los conductores. Según algunos testimonios, integrantes de las estructuras criminales estarían colocando ‘stickers’ o distintivos en los vehículos para identificar cuáles ya pagaron la denominada ‘vacuna’.
El mecanismo permitiría llevar un supuesto control sobre los vehículos que circulan por determinadas zonas y sobre los conductores que cumplen con las exigencias económicas.
Pero las denuncias van más allá. Algunos motocarristas aseguran que ciertos vehículos estarían siendo utilizados como una especie de ‘patrullas’ informales, encargadas de vigilar a otros conductores, detectar quién ingresa a rutas no autorizadas, intervenir en conflictos y, presuntamente, participar en el cobro de extorsiones.
De acuerdo con estos testimonios, esos vehículos tendrían distintivos que permitirían reconocerlos y estarían vinculados con personas que ejercen control sobre determinados sectores.
El motocarro también se convierte en botín
Los conductores tampoco solo estarían expuestos a la extorsión. En algunos casos denunciados, los delincuentes hurtan o retienen los motocarros y posteriormente exigen entre 2 y 2,8 millones de pesos para devolverlos.
Quienes se niegan a pagar o deciden acudir a las autoridades pueden terminar bajo amenaza. Algunas de estas intimidaciones, según las denuncias, han escalado hasta ataques armados contra los trabajadores. Otro de los riesgos aparece cuando dos estructuras criminales reclaman el control de una misma zona. Conductores han relatado que pueden pagarle a un grupo y posteriormente ser señalados o atacados por otro que también pretende cobrarles.
La situación también estaría relacionada con algunos de los homicidios registrados contra mototaxistas. Las autoridades han identificado como posibles móviles las exigencias extorsivas, las disputas por rutas y el control de zonas utilizadas para actividades relacionadas con el microtráfico.
En varios de los casos investigados, las víctimas tendrían presuntos vínculos con estructuras delincuenciales o antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, aunque cada homicidio debe ser analizado de manera individual.
Mientras tanto, las autoridades de Barranquilla y Soledad han realizado intervenciones focalizadas en sectores considerados críticos, con operativos dirigidos a combatir la extorsión y recuperar el control territorial.
Sin embargo, las cifras y denuncias dejan expuesto un problema que va más allá de la movilidad informal. Para muchos conductores, la disputa de las bandas por el territorio también está convirtiendo las calles por donde trabajan en escenarios de extorsión, vigilancia criminal y violencia.
Redacción: Alejandro Sandoval
Foto: Noticias Coopercom