La tranquilidad de una pareja de empresarios del norte de Barranquilla se vio abruptamente interrumpida en septiembre pasado, cuando comenzaron a recibir llamadas y mensajes cargados de amenazas. Detrás de esas comunicaciones, que se realizaban en nombre de una organización criminal, se escondía la exigencia de $45 millones de pesos como cuota para permitirles laborar sin inconvenientes.
Las intimidaciones crecieron con el paso de los días y, presionados por el miedo, los empresarios terminaron entregando un anticipo de $29 millones de pesos el 16 de septiembre, en un intento desesperado por preservar su seguridad. Sin embargo, la pesadilla estaba lejos de terminar.
Cinco días después, los victimarios volvieron a exigir el dinero restante, lo que abrió paso a una operación cuidadosamente planeada por las autoridades. Con información detallada y un seguimiento minucioso, unidades del Gaula interceptaron a los supuestos extorsionistas en el momento en que recibían la suma exigida.
El operativo tuvo lugar en el barrio Porvenir, al norte de la ciudad. Allí fueron capturados Jacob Torrenegra, Julio Francisco Cogollo Cabezas, Daniel David Díaz Vizcaíno y Shirley Johanna Vizcaíno Cantillo, quienes, según la investigación, se habían confabulado para presionar a las víctimas bajo amenazas. Durante la diligencia fueron incautados el dinero producto de la extorsión, varios teléfonos celulares y un vehículo que presuntamente habrían utilizado para movilizarse en medio de la actividad ilícita.
La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, les imputó a los cuatro procesados los delitos de extorsión y tentativa de extorsión agravada. Ninguno de ellos aceptó los cargos.
“La decisión judicial se refiere a los hechos registrados en septiembre de este año, cuando una empresaria y su esposo comenzaron a recibir llamadas y mensajes en los que a nombre de una organización criminal les exigían la suma de 45 millones de pesos. En caso de no acceder a las pretensiones, atentarían contra su vida y la de su familia”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
Tras la imputación, un juez de control de garantías acogió la petición del ente acusador y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los señalados, con el fin de garantizar la protección de las víctimas y evitar una posible reincidencia.
En lo que va del año, las autoridades han reiterado su llamado a denunciar estos hechos y han fortalecido las acciones del Gaula para frenar este tipo de prácticas que siembran zozobra en la población.
Con estas capturas, la Fiscalía y la policía buscan enviar un mensaje de contundencia frente a las estructuras criminales que, a través del miedo, pretenden doblegar a la ciudadanía.
Redacción: judiciales
