Zunilda Tolosa Pérez, alcaldesa de Chiriguaná, departamento del César, fue destituida por la Procuraduría General de la Nación, quien además la inhabilitó por trece años, para ejercer cargos públicos.
El ente público también aplicó la misma sanción a los concejales Miguelina Orta Montecristo, Alexander Barragán Galvis y a Walter García Machado por no acatar la decisión del Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná sobre la elección y posesión del personero de esa localidad, el cual debía elegirse de la lista del concurso de méritos, al que ocupó el primer puesto.
Los funcionarios no acataron la decisión del juzgado y la posesión de esta figura se retrasó en 15 meses, nombrándolo y posesionándolo en noviembre de 2017 y no en julio de 2016. Incurriendo en el delito de prevaricato por omisión.
El fallo dado en segunda instancia, defendió los derechos que por acción de tutela interpuso el accionante, considerando el ente de control que los funcionarios no acataron lo establecido en el artículo 414 del Código Penal, que trata sobre omisión o transgresión de deberes entre otros apartes dando origen al delito ya señalado.
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