En medio de la instalación de la audiencia de escrutinios nacionales de la segunda vuelta presidencial, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, aseguró que “no es un capricho” el no esperar a la llegada de actas y sobres con los votos depositados en el extranjero, ya que se trata de una orden constitucional el usar las actas de la Registraduría de las votaciones en los consulados para lograr declarar la elección de presidente a tiempo para su posesión.
Esta declaración se fundamenta en las estrictas directrices del Código Electoral colombiano y la Constitución Política, los cuales imponen plazos improrrogables para salvaguardar la transición pacífica del poder. Según el marco legal del país, el escrutinio general debe avanzar sin dilaciones para asegurar que la declaratoria oficial del nuevo mandatario se realice con suficiente antelación al 7 de agosto, fecha constitucionalmente decretada para la posesión presidencial. Esperar el traslado físico de los paquetes de votación desde los consulados en el exterior generaría un vacío temporal crítico, considerando los tiempos de aduanas y logística internacional.
Para mitigar este reto logístico sin restar transparencia, el sistema electoral implementó la digitalización y transmisión inmediata de las actas de escrutinio (los formularios E-14 y E-26 de los consulados) mediante canales diplomáticos seguros operados por la Registraduría Nacional del Estado Civil. De esta manera, el CNE utiliza copias digitalizadas auténticas que poseen pleno valor jurídico para el cómputo final. Los datos reales e históricos respaldan la viabilidad de este método: el preconteo y el escrutinio digital en Colombia suelen tener un margen de coincidencia superior al 99.9%, lo que consolida la validez de los resultados consolidados de manera remota.Finalmente, esta postura busca frenar la incertidumbre y las narrativas de desinformación en una etapa de alta polarización política. Al basar la consolidación en las actas oficiales remitidas por vía electrónica, el CNE no solo cumple con el principio de celeridad, sino que garantiza el control y la veeduría de los testigos electorales y las misiones de observación internacional, como la OEA y la Unión Europea. La prioridad institucional radica en blindar la legitimidad del proceso, demostrando que la eficiencia técnica y la seguridad jurídica van de la mano para ratificar la voluntad popular de los colombianos dentro y fuera del país.
Foto: CNE