Tras la finalización de la fase pedagógica del programa de ahorro energético implementado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), los usuarios del servicio eléctrico en Barranquilla han empezado a recibir facturas con incrementos sustanciales en sus cobros. Un ejemplo de esta situación es el caso de Julio Caballero, residente de estrato 4, a quien le figuró un cobro adicional de $164.633 por haber superado la meta de consumo asignada a su hogar, elevando el valor total de su recibo a más de $800.000. Caballero explicó que este repunte se debe al uso continuo del aire acondicionado para preservar la salud de su hija recién nacida tras haber salido de cuidados intensivos, por lo que radicará una reclamación ante la empresa Air-e soportada en la historia clínica de la menor.
La insatisfacción ciudadana se ha replicado masivamente en redes sociales, donde los usuarios solicitan considerar las elevadas temperaturas térmicas de la región Caribe, las cuales obligan a mantener un uso prolongado de equipos de refrigeración y ventilación. De acuerdo con el esquema trazado por la CREG para los próximos seis meses, los hogares que sobrepasen el 110 % de su consumo histórico de referencia deberán pagar una penalización sobre el excedente, mientras que aquellos que mantengan su uso entre el 90 % y el 110 % no recibirán cobros ni beneficios. No obstante, la normativa prevé excepciones específicas para entidades clave y usuarios con requerimientos o condiciones médicas particulares que dependen del suministro eléctrico.
Ante las crecientes quejas, la dirigencia política regional ha sentado su postura sobre la rigidez con la que se implementó el esquema regulatorio. El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, sostuvo que la aplicación de los cobros debía postergarse según los plazos pedagógicos de cada ciclo de facturación y anunció una reunión con la dirección de la CREG este miércoles para solicitar la ampliación de dicha etapa inicial. Asimismo, el congresista prevé evaluar el impacto financiero que la medida está generando en los sectores comercial e industrial de la Costa.
Por su parte, el senador Camilo Torres cuestionó la falta de claridad en la pedagogía de las metas individuales y criticó que la medida desconozca las particularidades climatológicas de la región Caribe. Torres argumentó que la capacidad de ahorro en el norte del país no es comparable con la de zonas templadas o frías, por lo que instó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a auditar la facturación y la gestión informativa de Air-e. En esa línea, propuso formalmente a la CREG y al Ministerio de Minas y Energía flexibilizar la banda de consumo para el Caribe del 10 % al 15 %.
La aplicación de estas penalizaciones reaviva el debate sobre la justicia tarifaria en la Costa Atlántica, donde las familias enfrentan una disyuntiva entre el cuidado de la salud y el alto costo del servicio eléctrico. Mientras los gremios y líderes políticos gestionan modificaciones regulatorias ante el Gobierno Nacional, los usuarios afectados avanzan en trámites de reclamo individual apelando a las exenciones médicas vigentes para mitigar el impacto económico en sus hogares.
Foto: Redes
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