Tras el polémico desalojo realizado el pasado jueves en el antiguo inmueble de Titos Bolos, en el norte de Barranquilla, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) puso en marcha una nueva subasta para definir el futuro del reconocido predio.
El proceso será liderado por Activos por Colombia y se desarrollará de manera electrónica entre los días 28 y 29 de mayo, luego de que semanas atrás no se concretara una primera convocatoria de venta.
Según informó la entidad encargada de la comercialización, el objetivo es sacar el inmueble del “limbo jurídico” en el que permanece desde hace años y monetizarlo para destinar esos recursos a inversión social.
“Este es un activo para la inversión social que se convirtió en el beneficio particular de algunos por varios años”, indicó Activos por Colombia al referirse a la situación del predio.
Por su parte, la directora de seguimiento y control de liquidaciones de la SAE, Constanza Jiménez Calderón, aseguró que la decisión también responde a un presunto detrimento patrimonial superior a los 2.200 millones de pesos por cánones de arrendamiento no pagados y otros incumplimientos contractuales atribuidos a los ocupantes del lugar.
El inmueble, ubicado en una zona estratégica del norte de Barranquilla, cuenta con más de 5.000 metros cuadrados construidos sobre un lote de 4.533 metros cuadrados. La infraestructura incluye cinco locales comerciales, una amplia bolera, restaurante con cocina industrial, oficinas, parqueaderos, salones y diferentes áreas complementarias. Actualmente, el valor estimado de venta ronda los 14 mil millones de pesos.
De acuerdo con información conocida por este medio, en la convocatoria anterior ya existían al menos dos oferentes interesados en adquirir la propiedad.
Mientras avanza el proceso de subasta, la iglesia cristiana Vida Abundante, que funcionaba en el lugar antes del desalojo, aseguró que continuará adelantando acciones legales para intentar recuperar el control del inmueble.
A través de un comunicado, la congregación manifestó que ejercerá mecanismos constitucionales, administrativos y judiciales, argumentando que su permanencia en el predio estuvo respaldada durante años por relaciones contractuales y actos jurídicos reconocidos públicamente desde 1998.
Además, señalaron que solicitaron acompañamiento del Ministerio del Interior y vigilancia sobre la trazabilidad de los avalúos realizados al activo en disputa.
Redacción: Alejandro Sandoval
Foto: Alejandro Sandoval