La Contraloría General de la República inició una indagación preliminar para analizar los constantes retrasos en la construcción del proyecto vial conocido como la Gran Vía, que conectará a Barranquilla con Puerto Colombia, y que hasta ahora no ha sido entregado en el tiempo programado, a pesar de estar catalogado como una obra estratégica para la región.
El vicecontralor general, Carlos Mario Zuluaga, encabezó una visita técnica al lugar de las obras y explicó que este proceso de investigación “se abrió contra quienes han participado en la etapa contractual, precontractual y en la ejecución” del proyecto, incluyendo funcionarios de la administración anterior y de la actual, así como la firma contratista encargada de los trabajos.
La indagación busca establecer si los hechos denunciados por veedurías ciudadanas —como los continuos retrasos y posibles incumplimientos en pagos y tiempos de ejecución— tienen “incidencia o responsabilidad fiscal” por parte de quienes han intervenido en la obra, que actualmente registra un avance de alrededor del 85 %.
Zuluaga explicó que, de acuerdo con la Estrategia Compromiso Colombia, la Contraloría ha venido haciendo seguimiento continuo al proyecto, con mesas de trabajo y visitas de campo, y que la apertura de la indagación pretende impulsar la culminación del contrato y vigilar de cerca el cronograma pactado.
“Si la obra está terminada en junio como está previsto, la indagación preliminar se archiva”, afirmó el funcionario, señalando que el objetivo es asegurar que se cumplan los plazos y compromisos.
Además, en la inspección se puso especial atención en que el avance físico de la obra esté de la mano con la ejecución financiera, algo que ha generado inquietud debido a retrasos en algunos pagos por parte del contratista y a que ciertas obras complementarias, como las de urbanismo valoradas en cerca de $15.000 millones, todavía no se han incluido en el cronograma oficial.
La demora en la finalización de la obra ha provocado molestias en la comunidad, afectaciones en la movilidad y en la actividad comercial de la zona intervenida, lo que ha llevado a distintos sectores a exigir celeridad en la culminación de la Gran Vía y a mantener la presión sobre las entidades responsables.Escrito y foto: Mateo Rueda Gómez