Desde la Contraloría General de la República se hizo un nuevo llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para evitar una terminación anticipada del contrato de concesión.
Cabe mencionar que, desde noviembre del año 2024, la Contraloría ha puesto la lupa ante la posible materialización de una serie de riesgos y afectaciones a los intereses públicos ante dicha medida.
A través de una misiva firmada por Luis Fernando Mejía, contralor delegado para el sector de Infraestructura, se expone que este “ambicioso proyecto” de recuperación ambiental y ecológica fue declarado de importancia estratégica para la Nación y “que va mucho más allá de la descontaminación de la bahía de Cartagena”.
En ese sentido, la Contraloría expuso que el impacto del desarrollo de este proyecto se extiende a 19 municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre, “produciendo grandes beneficios sociales y económicos a los más de 1.5 millones de personas ubicadas a lo largo de los 116 kilómetros de longitud del canal del Dique”.
Según los cálculos del ente de control, una liquidación anticipada implicaría que la Nación tendría que pagarle alrededor de $350 mil millones al concesionario por el desarrollo de obras menores de dragado y mejoramientos de vías.
En diferentes escenarios, el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra ha sido enfático al decir que se deben adoptar acciones en el menor tiempo posible para evitar afectaciones a la ciudadanía asentada en esta zona del país.
A su vez, el ente de control se refirió a las declaraciones relacionadas con el cobro de valorización. “En lo que respecta a un eventual cobro de la contribución de valorización por la ejecución de este proyecto, la Contraloría manifiesta que tiene pleno respeto por las decisiones del Gobierno Nacional a este respecto pero, como siempre, invita a que, si finalmente se confirma tal decisión, se cumpla cabalmente con todo lo estipulado en la Ley 1819 de 2016, en el Decreto 1618 de 2023 y en las demás leyes y normas vigentes que le sean aplicables”, indicaron.
Escrito por: Mateo Rueda Gómez