La Contraloría Departamental del Atlántico en el marco de la Emergencia
Económica, Social y Ecológica, decretada por el Gobierno Nacional, para contener,
mitigar y prevenir la Pandemia del COVID – 19 comisionó a los Contralores
Auxiliares de la entidad, para que por el Grupo de Reacción Inmediata (GRI) se
llevara a cabo investigación de carácter fiscal, respecto de la contratación pública
celebrada en el departamento del Atlántico, bajo la figura de Urgencia Manifiesta.
La entidad ha revisado a la fecha, varios contratos que suman más 29 mil millones
de pesos, los cuales tienen como objeto atender la emergencia derivada del COVID-
19, estos recursos públicos en algunos casos corresponden a recursos propios, y en
otros al Sistema General de Participaciones.
Desde finales de marzo, con un grupo liderado desde el despacho del Contralor
Departamental Jairo Alberto Fandiño Vásquez y el Subcontralor Javier Bolaño
Higgins, se iniciaron visitas técnicas a la gran mayoría de los municipios del
departamento, atendiendo además el llamado de las veedurías ciudadanas, esto con
el fin revisar los elementos de las ayudas humanitarias, vigilar los procesos de
entrega a los beneficiarios, corroborar información con la población más necesitada,
entre otros objetivos.
Esta semana se expidió la Resolución No. 170 del 4 de mayo de 2020, por medio de
la cual se habilitaban términos para que los sujetos de control, Gobernación del
Atlántico y los diferentes municipios del departamento, puedan presentar sus
descargos frente a las eventuales observaciones de carácter fiscal, disciplinaria o
administrativa, que arrojen las investigaciones, con el fin de poder entregar a la
ciudadanía los resultados de todas las actuaciones.
Fuente: Contraloría-Prensa
Edición: Ricardo Ordóñez Simmonds