La intervención de Air-e, los problemas financieros de Afinia y las deudas con los generadores mantienen en incertidumbre el servicio en la región. Expertos plantean desde una inversión de $15 billones en infraestructura hasta la creación de una empresa regional de energía.
Seis años después de que Air-e y Afinia asumieran la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, la crisis que motivó la salida de Electricaribe sigue sin resolverse. Las dificultades financieras de los operadores, las pérdidas de energía, el bajo recaudo y las deudas con los generadores mantienen en entredicho la sostenibilidad del sistema y la posibilidad de ofrecer un servicio confiable a tarifas asequibles.
El panorama contrasta con las expectativas que acompañaron la llegada de las dos compañías el primero de octubre de 2020. El Gobierno de Iván Duque presentó el nuevo esquema como una solución estructural a los problemas que durante años afectaron a millones de usuarios.
Sin embargo, hoy Air-e permanece bajo intervención estatal y con un futuro incierto, mientras Afinia reconoce dificultades para sostener sus obligaciones financieras.
La crisis ya no se limita a la calidad del suministro. El desafío también consiste en garantizar los recursos para comprar energía, pagar a los generadores, modernizar las redes y mantener la operación sin trasladar nuevas presiones económicas a los usuarios.
Un modelo que no logró superar la crisis
La llegada de Air-e y Afinia se produjo después de la intervención de Electricaribe, iniciada en 2016. Para atraer nuevos operadores, el mercado fue dividido en dos grandes bloques: Caribe Sol, asignado al Consorcio Energía de la Costa, y Caribe Mar, entregado a Empresas Públicas de Medellín (EPM).
En ese momento, la entonces superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, presentó la entrada de las compañías como el cierre de una etapa de dificultades. El esquema contemplaba compromisos de inversión por $5,8 billones durante los primeros cinco años, dirigidos a modernizar la infraestructura, reducir las pérdidas y mejorar la continuidad del servicio en siete departamentos.
Air-e comenzó a operar en Atlántico, Magdalena y La Guajira, con cerca de 1,2 millones de usuarios. Afinia asumió Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y once municipios del Magdalena, con aproximadamente 1,8 millones de usuarios.
No obstante, las dificultades financieras y operativas persisten, aunque con características distintas en cada empresa.
Air-e, entre las deudas y la incertidumbre
Air-e fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en septiembre de 2024. En enero de 2025, la medida adquirió fines liquidatorios, mientras el Gobierno mantiene abierta la búsqueda de una alternativa que permita garantizar la continuidad del servicio.
Desde la intervención, la empresa ha tenido varios agentes interventores. El más reciente, según la información suministrada para este informe, es Ramiro Castilla.
La situación financiera sigue siendo uno de los principales obstáculos. Castilla ha advertido que las cuentas por pagar de la compañía se acercan a los $5,7 billones, mientras el recaudo mensual equivale aproximadamente al 72 % de lo facturado. A esto se suma una cartera de usuarios superior a los $7 billones.
La empresa necesita mejorar el recaudo, reducir las pérdidas de energía y conseguir contratos de compra en mejores condiciones. Sin esos cambios, una inyección de recursos podría aliviar las obligaciones inmediatas, pero no garantizaría por sí sola la viabilidad de la operación.
En ese contexto, el Gobierno nacional propuso destinar $1,2 billones del Presupuesto General de la Nación al pago de parte de las obligaciones de Air-e con los generadores. La medida busca reducir la presión sobre la compañía y el sistema eléctrico, aunque deja pendiente la solución de los problemas estructurales que alimentan el déficit.
Afinia también enfrenta dificultades financieras
El panorama de Afinia tampoco está despejado, pese a contar con el respaldo del Grupo EPM. La compañía enfrenta problemas de liquidez relacionados con las pérdidas de energía, las dificultades de recaudo y el aumento de los costos de compra de electricidad.
Su gerente, Ricardo Arango, ha advertido que los ingresos no son suficientes para atender oportunamente las obligaciones con los generadores y garantizar la operación.
Una muestra de esa presión es el costo de compra de energía, que pasó de cerca de $370.000 millones en abril a $550.000 millones en julio de 2026, según las cifras aportadas para este informe.
Afinia sostiene que desde el inicio de sus operaciones ha invertido más de $3,5 billones en la modernización y renovación de redes. Sin embargo, las inversiones no han eliminado las dificultades financieras.
Como parte de una reorganización de su mercado, el Grupo EPM creó Energía Atenea, que desde agosto de 2026 asumió la atención de cerca de 363.000 usuarios en 35 municipios de Cesar, Magdalena y Bolívar. La decisión estuvo relacionada con las condiciones financieras y operativas de ese segmento, donde las pérdidas de energía rondaban el 40 % y el recaudo se situaba alrededor del 60 %.
Las causas y las alternativas para salir de la crisis
Para el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, los problemas actuales responden tanto al incumplimiento de compromisos de inversión como a las limitaciones del modelo adoptado para reemplazar a Electricaribe.
Acosta señala que el esquema no tuvo suficientemente en cuenta las condiciones socioeconómicas de la región, donde cerca del 80 % de los usuarios pertenece a los estratos 1, 2 y 3 y tiene una capacidad de pago limitada.
A su juicio, esa realidad contribuye a un círculo difícil de romper: las deficiencias del servicio alimentan la inconformidad de los usuarios y la resistencia al pago, mientras la falta de recursos restringe las inversiones necesarias para mejorar la prestación.
“La salida, entonces, tiene que ser integral”, advirtió Acosta, al señalar que una crisis originada en el Caribe podría terminar afectando la prestación del servicio en el resto del país.
Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios del Caribe, sitúa los orígenes del problema varias décadas atrás, en el debilitamiento y posterior liquidación de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca). Según su análisis, la fragmentación de la operación en distintas empresas hizo que la región perdiera las economías de escala de un sistema integrado.
Como alternativa, propone crear en el mediano plazo una empresa regional de energía de carácter mixto, capaz de articular a las compañías con presencia en el Caribe y recuperar ventajas operativas.
Otra propuesta apunta directamente a la infraestructura. El experto en asuntos energéticos César Uparela considera que se requieren $15 billones durante los próximos cinco años para modernizar las redes de interconexión regional, los sistemas de distribución, transformadores, aisladores y subestaciones.
Uparela plantea incluir en el próximo Plan Nacional de Desarrollo una disposición que permita impulsar un documento Conpes para respaldar las inversiones con recursos del presupuesto nacional y ejecutarlas durante un periodo de cinco años.
Para el dirigente gremial Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, el punto de partida debe ser el saneamiento financiero de Air-e y Afinia. A su juicio, cambiar de operador no resolvería el problema si se mantienen las condiciones que hoy dificultan la operación.
Oliveros también advierte que la incertidumbre energética afecta la competitividad regional. Las empresas y los hogares necesitan un suministro confiable y a costos competitivos, por lo que la solución debe contemplar no solo la comercialización, sino también el aprovechamiento del potencial de generación del Caribe, incluido el gas natural y las fuentes solar y eólica, junto con las redes necesarias para transportar esa energía.
Las deudas también ponen presión sobre la generación
Las dificultades de pago de Air-e tienen implicaciones que van más allá de la empresa y sus usuarios. Los generadores térmicos continúan aportando cerca del 30% de la energía que consume el país, pero advierten que las condiciones regulatorias y los pagos pendientes ponen presión sobre la continuidad de su operación.
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, ha pedido al Gobierno y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) revisar las medidas adoptadas para garantizar el abastecimiento, al considerar que no ofrecen incentivos económicos suficientes para cubrir los costos de generación.
El dirigente gremial sostiene que las plantas térmicas han mantenido su compromiso con el sistema pese a las dificultades de pago. Según explicó, durante los últimos dos años las empresas continuaron generando alrededor de 92 gigavatios, pese a no recibir pagos de Air-e, una cifra que requiere precisión sobre su unidad y periodo antes de publicarse como dato definitivo.
Castañeda también alertó sobre los riesgos asociados a la compra de combustibles y a los costos que deben cubrir las plantas para mantenerse disponibles. Su preocupación es que las obligaciones acumuladas y la falta de incentivos suficientes terminen comprometiendo la capacidad de generación.
Seis años después de la salida de Electricaribe, la región enfrenta así un problema que va más allá de la identidad del operador. La continuidad del servicio depende de resolver las deudas, fortalecer el recaudo, reducir las pérdidas, modernizar la infraestructura y definir un esquema que tenga en cuenta la capacidad de pago de los usuarios.
Las propuestas van desde una inyección de recursos para aliviar las obligaciones inmediatas hasta una transformación regional de la operación y un plan de inversiones de largo plazo. El desafío será convertir esas alternativas en una solución sostenible que evite que la crisis vuelva a repetirse bajo otro nombre.