La disputa territorial entre el distrito de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia por el control del emblemático Corredor Universitario y el sector residencial de Villa Campestre ha sumado un nuevo capítulo de alta tensión política.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lanzó una contundente advertencia pública sobre presuntas intenciones de grupos económicos y políticos de incidir en la decisión final que debe adoptar el Congreso de la República para dirimir el litigio.
El diferendo, que involucra más de 1.400 hectáreas con una alta concentración tributaria por concepto de impuesto predial y comercio, se encuentra actualmente en manos de las comisiones constitucionales del Poder Legislativo. A través de sus declaraciones, el primer mandatario respaldó el trazado cartográfico realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el cual avala la soberanía de la capital del Atlántico sobre estos sectores.
Sin embargo, De La Espriella enfatizó en la necesidad de vigilar de cerca el trámite legislativo para evitar maniobras de presión. De acuerdo con el jefe de Estado, existiría un “cabildeo” liderado por la casa política de los Torres históricamente influyente en el departamento y por aliados de administraciones anteriores, cuyo propósito sería modificar la resolución técnica aprobada previamente por las autoridades cartográficas.
El proceso de deslinde territorial fue elaborado por el IGAC tras un exhaustivo análisis que contempló componentes demográficos, de infraestructura, desarrollo urbano, servicios públicos y evidencias históricas recopiladas durante audiencias previas con ambas partes. No obstante, la vigencia legal definitiva del nuevo mapa depende de la ratificación de las células legislativas o de la firmeza del dictamen técnico si vence el plazo constitucional de un año otorgado al parlamento.
Con su posicionamiento, el Gobierno nacional busca presionar un fallo institucional que priorice el marco constitucional y la cartografía oficial sobre los intereses económicos particulares de las zonas de mayor plusvalía del área metropolitana de Barranquilla. El Congreso tendrá ahora la responsabilidad de evacuar el debate legislativo en medio del escrutinio público y la atención de la ciudadanía atlanticense.
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