El presidente Abelardo De La Espriella oficializó la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica tras el devastador sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en el centro-occidente colombiano. Mediante un decreto emitido por el Dapre, la medida regirá por 30 días en 15 departamentos (Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Bolívar y Sucre) con el propósito de mitigar el impacto de esta catástrofe.
El terremoto, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar (Chocó), representa uno de los peores desastres naturales en la historia reciente del país. Las cifras oficiales dan cuenta de más de 310 personas fallecidas confirmadas e identificadas por Medicina Legal, más de 4.400 heridos y alrededor de 260 desaparecidos, afectando de manera directa a más de 262.000 ciudadanos agrupados en casi 147.500 familias a lo largo de 471 municipios.
La infraestructura física sufrió un deterioro severo: más de 30.000 viviendas terminaron destruidas y casi 137.000 resultaron averiadas. Asimismo, se reportó el colapso total de 302 edificaciones y daños estructurales en cerca de 5.800 inmuebles adicionales, lo que refleja la enorme magnitud de las pérdidas materiales generadas por el fenómeno telúrico en las distintas regiones impactadas.
Esta figura constitucional le otorga al Ejecutivo la facultad de dictar decretos con fuerza de ley y efectuar movimientos presupuestales o créditos públicos para contrarrestar los efectos del siniestro. La expedición del decreto se concreta días después de que el Gobierno pospusiera su anuncio inicial con el objetivo de estructurar adecuadamente el marco legal y financiero necesario.
Entre los mecanismos clave previstos por el mandatario destaca la creación del “fondo milagro”, una plataforma destinada a captar fondos nacionales e internacionales para reconstruir hospitales, escuelas, vías, aeropuertos y viviendas. Igualmente, la estrategia busca dinamizar la reactivación económica mediante la rápida asignación de recursos y el apoyo a los sectores productivos más golpeados.
Finalmente, el plan estatal contempla auxilios directos para la población vulnerable, tales como subsidios de arrendamiento, apoyo en el pago de servicios públicos, alivios tributarios y facilidades financieras. Además, se implementarán esquemas de respaldo y liquidez para comerciantes y pequeños empresarios, buscando aliviar la carga de quienes sufrieron afectaciones materiales o la interrupción de sus actividades económicas.
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