El especialista en temas energéticos, Carlos Diago, indicó que el decreto expedido por el presidente Gustavo Petro busca ajustar después de 27 años los servicios públicos que intervienen en la cadena de generación, comercialización y distribución, en detrimento de los usuarios.
Con esta normatividad que ha implementado el Gobierno nacional se espera que se hagan una serie de ajustes regulatorios en los componentes de generación y distribución. En especial lo que nos corresponde al Caribe con las pérdidas que tiene a este sector del país con las tarifas más altas.
“El ajuste la debe hacer la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, y el decreto establece los lineamientos y políticas para que se hagan las modificaciones pertinentes, y es a lo que hay que estar atendo”, manifiesta Diago.
Lo primero es el impacto nacional que se relaciona con la especulación con el costo de la energía hidráulica (tipo de energía que aprovecha el movimiento del agua). En segundo lugar, lo que guarda relación con las denominadas comunidades energéticas, donde se pueden conformar empresas de distribución y comercialización con base en las energías renovables.
“Con todos estos ajustes se favorece la tarifa porque los costos especulativos de la energía van a bajar un 20 por ciento. Las energías renovables son altamente competitivas con la energía convencional, aunque esta tenga unos costos adicionales correspondientes a la transmisión y distribución, en cambio las energías limpias se generan en los sitios de demanda se evitan estos costos”, puntualiza.
Escrito, foto y vídeo por Jorge Martínez Movilla.