Una fuerte polémica se desató en Soledad luego de las denuncias realizadas por el concejal Brayan Orozco, quien aseguró que el gremio motocarrista estaría siendo víctima de presuntas extorsiones y retenciones ilegales por parte de estructuras criminales que operarían en diferentes sectores del municipio.
“Fue una noche de terrorismo”, expresó el cabildante al referirse a los hechos que, según indicó, habrían ocurrido durante las noches del domingo y lunes en zonas como Plaza del Sol, Sao Hipódromo, Carnaval, Nuestro Atlántico, La Esquinita y Olímpica.
De acuerdo con las denuncias conocidas, más de 22 motocarros habrían sido retenidos presuntamente por integrantes de bandas delincuenciales que controlarían el transporte informal en estos puntos del municipio.
Según las versiones entregadas por algunos conductores, quienes recogen pasajeros en estas zonas tendrían que pagar hasta 18 mil pesos diarios para poder trabajar. Además, quienes no aparezcan registrados en una supuesta planilla ilegal correrían el riesgo de no poder operar o incluso de que sus vehículos fueran retenidos.
Las denuncias han generado preocupación entre motocarristas, quienes aseguran sentirse intimidados y temerosos frente a posibles represalias.
“¿Cómo pueden controlar todo eso en un territorio tan pequeño sin que las autoridades hagan nada?”, cuestionó el concejal Orozco durante sus declaraciones.
Sin embargo, desde el Tránsito de Soledad negaron que existan denuncias formales relacionadas con estos hechos. El director de la entidad, Santander Donado, aseguró que hasta el momento no hay reportes oficiales ni testimonios que permitan avanzar judicialmente contra posibles estructuras delincuenciales vinculadas al caso.
El funcionario también señaló que las autoridades verificaron la información sobre la presunta retención masiva de motocarros, pero afirmaron que no encontraron evidencias concretas sobre lo denunciado.
No obstante, Donado sí confirmó que existe conocimiento sobre la presencia de calcomanías adheridas a algunos motocarros, las cuales, presuntamente, serían utilizadas por estructuras criminales para permitirles operar en cercanías de centros comerciales y otros puntos estratégicos del municipio.
Mientras tanto, desde la Secretaría de Gobierno insistieron en la necesidad de que las víctimas interpongan denuncias formales y aporten pruebas que permitan iniciar investigaciones.
Entre versiones encontradas, temor y señalamientos, el gremio motocarrista asegura sentirse atrapado en una situación donde salir a trabajar diariamente podría significar exponerse a amenazas, cobros ilegales o represalias.
Redacción: judiciales
Foto: Noticias Coopercom