En medio de una delicada situación de seguridad, la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) declaró insubsistente el nombramiento de Dannys José Rodríguez como director de la Penitenciaría El Bosque en Barranquilla. La decisión, formalizada mediante un acto administrativo, ocurre pocos días después de que Rodríguez denunciara haber recibido amenazas de muerte por parte del grupo criminal Clan del Golfo.
El exfuncionario, quien estuvo al frente del penal durante aproximadamente dos años, fue blanco de intimidaciones que incluían un ultimátum de 24 horas para abandonar la capital del Atlántico, bajo amenaza de atentar contra su vida o la de su familia. En los mensajes, enviados por un usuario identificado como “África”, se le compartieron videos mostrando un arsenal de armas y detalles sobre sus movimientos personales y familiares, lo que elevó el nivel de amenaza a una alerta máxima.
El documento oficial del Inpec aclara que la medida fue tomada bajo la figura de discrecionalidad administrativa, por lo que no admite apelación ni recursos. Sin embargo, el trasfondo de esta destitución genera preocupación en sectores que ven en esta acción un mensaje erróneo frente al poder de las estructuras criminales.
Rodríguez expresó su desazón en declaraciones a medios locales, afirmando que se siente “más desprotegido que nunca”. Relató que, pese a haber denunciado formalmente las amenazas ante la Fiscalía, la fuerza pública, y haber enviado una solicitud a la Unidad Nacional de Protección (UNP), no ha recibido respuesta ni acompañamiento efectivo. “Estoy totalmente a merced de la delincuencia”, afirmó.
Sobre el impacto en su entorno familiar, el exdirector señaló que la situación ha generado un ambiente de “bastante nerviosismo”, y aunque en su momento tuvo acompañamiento de algunos funcionarios del Inpec, nunca contó con un esquema de seguridad sólido ni con garantías estatales.
“La salida mía era lo que buscaban los delincuentes”, sentenció Rodríguez, al referirse al desenlace de los hechos. Aseguró que bajo su dirección se implementaron controles estrictos y se denunciaron prácticas irregulares dentro del penal, lo que habría desencadenado represalias por parte de actores criminales.
Fuentes cercanas a la institución señalaron que la salida de Rodríguez ya venía siendo considerada desde hace meses, debido a hallazgos en auditorías de la Contraloría General de la República y problemas internos de seguridad. Sin embargo, la amenaza del Clan del Golfo parece haber sido el detonante final.
El caso pone nuevamente en el foco la vulnerabilidad de los funcionarios penitenciarios frente a estructuras del crimen organizado y la necesidad urgente de fortalecer los esquemas de protección y respaldo institucional para quienes enfrentan este tipo de amenazas en el cumplimiento de su deber.
Redacción: judiciales
